Especialistas y comunidades indígenas exigen al Congreso que la nueva ley para pequeña y mediana minería, conocida como Ley MAPE, cierre el paso a la minería ilegal y proteja territorios intangibles. En seminario señalaron cómo esta actividad envenena ríos, destruye la Amazonía y amenaza la vida de millones de personas.

La lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, estuvo en Madre de Dios y vio a los habitantes de las comunidades caminar una hora para encontrar agua limpia, porque los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les llena de ronchas”, contó.

Lo que Teresita vio no es un problema aislado. Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que forma parte del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), recordó que la minería ilegal ya afecta a 48 comunidades indígenas en la Amazonía, una quinta parte del territorio nacional. Miles de hectáreas se deforestan cada año y cuatro millones de personas ven comprometido su acceso al agua. “Lo que ayer era verde hoy es gris plomo”, dijo.

El OMI entregó una documento con diez propuestas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que sean consideradas en la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE). Una plantea la urgencia de declarar zonas intangibles, intocables: áreas naturales protegidas, ríos, territorios indígenas, bosques y sitios arqueológicos. El oro no puede valer más que el agua o la vida, dijo César Ipenza Peralta, especialista en derecho ambiental y miembro del OMI.

Como Ipenza y Teresita, varios especialistas, autoridades y líderes indígenas coinciden en que la nueva Ley MAPE no puede seguir siendo un salvavidas para la ilegalidad, sino una herramienta para ordenar la minería a pequeña escala y cerrar el paso a quienes destruyen, contaminan y operan al margen de la ley. De eso se habló en el seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.

Lo artesanal y lo ilegal

César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del OMI, expusieron en el seminario las propuestas entregadas a la Comisión de Energía y Minas. Se mencionó la que plantea diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal, porque, según Garay, esta actividad tiene dos caras: por un lado, es sustento y dinamiza economías locales; por el otro, deja impactos sociales, ambientales y legales. Por eso “cada semana, en las zonas donde se practica, aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”, agregó.

Garay cuestionó que sea fácil operar sin cumplir requisitos. “Un minero que quiere formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, señaló.

Las plantas procesadoras

Para Ipenza, el control de las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral, es clave para frenar a los ilegales. Si no se fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos prohibidos y peligrosos. En ese trabajo se debe involucrar a la Sunat y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, reveló que esas plantas aparecen entre los principales productores nacionales sin tener minas propias. Mencionó a Beta Dorada, el octavo productor nacional; Paltarumi, décimo lugar en solo un año de operaciones; Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”, preguntó el viceministro, pese a que el Estado debería tener las respuestas.

Ángela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se debe garantizar la trazabilidad no solo del mineral, sino también de las maquinarias, combustible, insumos químicos y explosivos que alimentan la minería ilegal. Criticó, además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad ilícita. “La nueva ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para encubrir a la ilegalidad”.

El problema del Reinfo

Diana Carolina Gonzales Delgado, congresista de Avanza País, señaló que el Reinfo se ha convertido en un refugio para la informalidad. Como resultado, se extraen minerales sin pagar impuestos, no se responde por los daños ambientales, se contrata mano de obra en condiciones precarias y se cometen delitos.

En octubre del año pasado, recordó Gonzales, representantes de los mineros intentaron ampliar el Reinfo por cinco años más. La visitaron en su oficina como a otros congresistas. No fueron cinco años, pero de sí seis meses, más una prórroga de otro medio año que vence el 31 de diciembre de este año. No obstante, Fuerza Popular acaba de proponer a la Comisión de Economía, pese a que no es su competencia, ampliar otra vez el registro hasta finales de 2026.