La organización Bartolina Sisa, junto al presidente del Consejo de Juventudes Luis Ángel Condori Yapo, el abogado Jhon Torres Rosello y el líder de la Asociación de Víctimas, Raúl Samillán Sanga, formalizaron tres denuncias penales contra el streamer Christopher Puente Viena, conocido como Cristo Rata. Las acusaciones surgen tras sus declaraciones discriminatorias en redes sociales, donde insultó a la población puneña con frases como “serranos de m…” y “no les llega el oxígeno al cerebro”, tras los resultados electorales del 2026.
Edith Calisaya Calamollo, representante de Bartolina Sisa, calificó los dichos como “un ataque a la dignidad de los pueblos originarios”. “Nosotros alimentamos al país con nuestra agricultura, pero él nos humilla”, declaró. La dirigente aimara subrayó que las mujeres andinas no tolerarán discursos que desprecien su cultura y exigió al Ministerio Público actuar con celeridad.
El abogado Jhon Torres Rosello precisó que las denuncias se basan en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Las pruebas son contundentes: videos, capturas y testimonios demuestran un patrón de odio”, afirmó. Torres resaltó que la Fiscalía debe unificar las investigaciones en Lima y Puno para evitar impunidad.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de víctimas de las protestas 2022-2023, recordó que “Puno ya sufrió violencia institucional; ahora enfrentamos racismo digital”. “Este influencer no solo ofende, sino que incita a la división en un momento crítico para el país”, advirtió. Samillán exigió que las plataformas digitales identifiquen y bloqueen cuentas que difundan discurso de odio.
Luis Ángel Condori Yapu, líder juvenil, rechazó que se etiquete a los puneños como “ignorantes”. “Somos profesionales, no ‘generación de cristal’; exigimos respeto”, declaró. Condori instó a los jóvenes a no normalizar el racismo y a usar las redes para denunciar, no para agredir. “La justicia debe enviar un mensaje claro: el Perú no tolera discriminación”, concluyó.
Las denuncias, presentadas en la Fiscalía de Derechos Humanos de San Román, incluyen solicitudes de pericias antropológicas para analizar el impacto cultural de los insultos. “Queremos que se investigue cómo sus palabras afectan nuestra identidad”, explicó Calisaya. Además, pidieron pericias informáticas para rastrear la difusión del video en TikTok y Facebook.
El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de influencers y la necesidad de leyes más duras contra el discurso de odio. “Si no hay consecuencias, otros repetirán estos actos”, alertó Torres. Mientras, las rondas campesinas anunciaron acciones bajo su sistema de justicia comunitaria, respaldadas por el Convenio 169 de la OIT. La Fiscalía tiene 15 días para definir si formaliza la investigación.
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