Lambayeque es la tercera región del Perú con este tipo de casos, la larga y compleja lista de organizaciones investigadas incluye a principales autoridades y concluye en que la región norteña pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción.

De acuerdo a los reportes de las entidades del control, Lambayeque es la octava región con mayor incidencia de casos de corrupción a nivel nacional. Lo que se refleja no solo en los millones de soles que se pierden al año, sino también en la larga y compleja lista de organizaciones que se encuentran bajo investigación que incluye a sus principales autoridades.

Alfonso Quiroz Norris afirma en “Historia de la corrupción en el Perú”, que este fenómeno siempre hubo y habrá en la medida que no se internalice en los ciudadanos la importancia del control y el impacto que tiene en su vida diaria.

El filósofo y docente investigador de la Universidad Señor de Sipán, Francisco Reluz Barturén; señala que “no se puede combatir a la corrupción sin formar al ciudadano, sin empoderarlo en sus funciones”.

“Si en verdad estuviéramos empoderados; es decir, conscientes de nuestros derechos y deberes, podríamos hacerle frente a cualquier autoridad y exigiríamos que cumpla. Nos involucraríamos en el desarrollo de la comunidad”, reflexiona.

El octavo lugar en corrupción: Lambayeque pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción

Solo en el 2020, año de inicio de la pandemia por el Covid-19, Lambayeque perdió 677 millones 123 mil 221 soles por la corrupción.

Por los resultados del 2020, la Contraloría General de la República ubicó a Lambayeque como la octava región con mayor incidencia de corrupción en el país. Por encima están, en orden descendente, Huancavelica, Moquegua, Callao, Ucayali, Tacna, Apurímac y Lima Provincias.

El informe “Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional 2020”, elaborado por Contraloría, detalla que el perjuicio extrapolado representa el 16.6 % de los recursos asignados al departamento.

Los millones perdidos

Lambayeque pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción. Para tener una idea del impacto que esto representa, con ese dinero se hubieran construido tres nuevos hospitales regionales, porque el existente costó en promedio 200 millones; o se habría ejecutado el Terminal Portuario Regional, obra esperada para fortalecer la producción y el comercio internacional. También se hubiera financiado el proyecto integral de saneamiento básico para Chiclayo conurbado. El mismo que está estimado en 500 millones de soles, según el Colegio de Ingenieros del Perú.

¿Qué más se habría logrado? Solo con lo que se perdió en las unidades ejecutoras del gobierno regional y los gobiernos municipales, se hubieran construido 16 centros de salud (infraestructura y equipamiento) o 133 plantas de oxígeno; 21 kilómetros de vías urbanas o adquirido más de 142 mil tablets para estudiantes. Si se suma lo que correspondiente a dependencia del gobierno nacional, la cuenta es mayor.

Organizaciones criminales se expanden en Lambayeque

Desde hace más o menos diez años, Lambayeque es centro de la noticia policial y judicial debido a las intervenciones realizadas para la desarticulación y captura de diferentes organizaciones criminales. Varias de ellas vinculadas a delitos de función y corrupción de todo calibre.

Uno de los casos de mayor relevancia fue el del “Clan Caycay”, organización dedicada a la micro comercialización de drogas en Chiclayo. La misma que tendió una afiatada red de colaboradores, informantes y protección policial, que le permitió actuar con total impunidad por mucho tiempo.

Como resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial condenó a 19 agentes de la Policía Nacional del Perú, entre oficiales y suboficiales (dos de ellos coroneles), quienes desde el 2011, aproximadamente, había recibido sobornos de la cabecilla de la organización, identificada como Haydee Leyva Caycay, sentenciada a 25 años de cárcel.

También cae “La gran familia”

En el 2012 cayó la organización denominada ‘La gran familia’, liderada por Ángel León Arévalo, alias ‘Viejo Paco’. El era el responsable de una serie de ilícitos que van desde sicariato y extorsión, hasta usurpación y corrupción de funcionarios. Agentes policiales también estuvieron involucrados.

Al año siguiente, se desarticuló a la ‘El clan del norte’, supuesta organización, también vinculada a delitos de corrupción. En esta se involucró al entonces jefe de la II Región Policial Lambayeque, coronel Jorge Linares Ripalda, a quien se recluyó y luego declarado absuelto por la justicia.

El alcalde provincial

En septiembre del 2014 se dispuso captura del entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, junto a familiares, regidores, funcionarios y colaboradores. A la organización se le denominó ‘Los limpios de la corrupción’, imputándosele responsabilidad en ilícitos cometidos en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Así como en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL. Y también el Servicio de Administración Tributaria – SATCH y la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo.

Torres Gonzales y algunos de los involucrados permanecen en prisión al recibir condenas por delitos menores. Sin embargo, siete años después de iniciado el caso, el Ministerio Público, hasta el momento no presenta acusación por los delitos por los que se dispuso su captura: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Esta organización involucraba – supuestamente – a jueces, fiscales, integrantes del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones. También a congresistas, pero ninguno fue imputado.

La universidad pública y congresistas

En el 2015 se intervino en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, detectándose las operaciones de una presunta organización dedicada a la tramitación de grados académicos (licenciaturas y maestrías) con tesis falsas. Se identificó, en total, mil 500 de estas. En la misma casa de estudios superiores se dispuso la captura del rector Agustín Ramos García y otras autoridades. La fiscalía pidió contra ellos nueve años de cárcel por corrupción.

Ese año también se desarticuló la supuesta organización denominada ‘Los Wachiturros de Tumán’, que involucra al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito. Si bien este caso está relacionado a asesinatos, en un extremo de la investigación se consignó a excongresistas como Héctor Becerril Rodríguez (extrabajador de Oviedo), Javier Velásquez Quesquén y la exvicepresidente de la república Marisol Espinoza Cruz.

Oviedo Picchotito recuperó su libertad a fines del 2021 por cese de prisión preventiva. Hasta el momento no se inicia el juicio oral.

“Los reyes de las detracciones” con funcionarios del Banco de la Nación

Otros casos relacionados a corrupción en Lambayeque son el de ‘Los reyes de las detracciones’. En este se involucra a funcionarios y exfuncionarios del Banco de la Nación en Ferreñafe. Y, ‘Las órdenes de servicio’, con participación de funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

En noviembre del 2018 capturaron al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, supuesto cabecilla de la organización ‘Los temerarios del crimen’. También por actos de corrupción en la comuna, el SATCH y la beneficencia. Este caso arrastró al fiscal superior Abel Concha Calla, al excontralor Edgar Alarcón Tejada y a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma Mendoza, Clemente Flores Vílchez, Héctor Becerril Rodríguez, Mercedes Aráoz Fernández, Carlos Bruce Montes de Oca y César Vásquez Sánchez. A estos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso les archivó las denuncias.

Los temerarios y el gobernador

Esta supuesta organización también alcanzó al Consejo Nacional de la Magistratura. David Cornejo salió libre a fines del 2021 por vencimiento de prisión preventiva. Aún no hay acusación en su contra.

En el caso ‘Temerarios’ también se consignó al electo alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien con comparecencia restringida asumió funciones en enero del 2019. Sin embargo, en julio fue vacado por una sentencia por malversación de fondos y en octubre capturado como cabecilla de la presunta organización ‘Los faenones de Olmos’, por ilícitos cometidos entre enero y julio de ese año. Serrato Puse fue enviado a prisión preventiva con arresto domiciliario (por el Covid-19). Empero, volvió a prisión por una sentencia a cárcel efectiva.

En enero del 2020 fue capturado el gobernador regional de Lambayeque Anselmo Lozano Centurión, señalado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción como cabecilla de la presunta organización el “Imperio del mal”, por actos ilícitos cometidos en la Municipalidad Distrital de La Victoria, donde fue alcalde durante 19 años y en el Gobierno Regional de Lambayeque.

La corrupción es una cadena que tiene eslabones

“Se vincula mucho a los ministerios de Economía y Vivienda en los casos de corrupción y en Chiclayo lo conocemos de sobra por las recientes gestiones municipales. Siempre se dijo: la corrupción es una cadena que tiene eslabones conectados no solo en los distritos, provincias o gobiernos regionales, sino que llegan hasta las puertas de los ministerios. Las adendas de los contratos, las cartas fianzas y cómo se presentan, los arreglos en reuniones no del todo o nada transparentes, hacen ver este tipo de situaciones”, comenta el politólogo Jorge Luis Vallejos Castello.

Para el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, que la corrupción siga presente en las entidades pública tendría como origen a la propia norma.

“La Ley de Contrataciones del Estado ha sido totalmente distorsionada por la jurisprudencia, opiniones que son de aplicación obligatoria directiva, acuerdos de la sala plena que han cambiado la esencia de la misma ley con todos estos arreglos. Ahora los operadores están ávidos de realizar alguna acción corrupta porque ven que todas las obras que se contratan, sobre todo en Lambayeque, están direccionadas (…) La ley está fuera de contexto, es obsoleta, ha sido manipulada”, indica.

Megaoperativo

Razones de peso existen para que la Contraloría General de la República haya dispuesto, desde noviembre pasado, el inicio de un megaoperativo para fiscalizar el uso de recursos en 75 entidades y unidades ejecutoras que operan en Lambayeque.

Con el megaoperativo se espera fiscalizar dos mil millones de soles asignados a la región, desplegando para ello 241 auditores, quienes a fines de febrero de este año deberán haber concluido 373 intervenciones, de las cuales 277 corresponden a servicios de control, en las modalidades de control simultáneo (79) y posterior (198).

Lambayeque pierde más de 600 millones de soles al año por corrupción