Ocho mil niños de 86 instituciones educativas de Puno podrían verse afectados por las nuevas restricciones que establece la denominada «ley mordaza» contra organizaciones no gubernamentales que operan en territorio nacional. Carol Reynoso Torres, directora ejecutiva nacional de Global Humanitaria Perú, advirtió que Ley restringe significativamente las actividades de las ONG y su capacidad para ejercer acciones administrativas contra el Estado.

La directora reveló que en Puno no existe una plataforma de organizaciones no gubernamentales que permita tener una voz unificada ante las nuevas disposiciones legales que afectan su funcionamiento.

Explicó que las ONG están sujetas a regulaciones permanentes de APCI y reportan anualmente presupuestos y proyectos, manteniendo siempre el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades competentes.

La funcionaria destacó que las organizaciones han desarrollado un trabajo importante durante muchos años apoyando poblaciones desfavorecidas y vulnerables en situaciones donde el Estado no logra llegar con sus servicios básicos.

Reynoso subrayó que las ONG cumplen un rol fundamental en alianza con el gobierno y que la sociedad civil debe organizarse para expresar su posición ante esta normativa que genera controversia nacional.

Global Humanitaria, con financiamiento español, trabaja directamente con niños y niñas de instituciones educativas puneñas, enfocándose principalmente en educación y alimentación escolar como ejes centrales de su intervención social.

La organización mantendrá sus actividades según principios institucionales pese a las nuevas fiscalizaciones, aunque reconoce que varias ONG ya han anunciado su retiro del país por las restricciones impuestas.

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