La reciente aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso peruano ha provocado indignación en todo el país. No solo por su contenido, sino por lo que representa: un intento de borrar con una firma décadas de lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

Durante una entrevista emitida por medios regionales de Ayacucho y Puno, los abogados Víctor Álvarez, de la organización DEMUS, y David Velasco, de la Coordinadora de Derechos Humanos, ofrecieron un análisis legal y humano sobre esta controvertida norma. Ambos fueron tajantes: esta ley es inconstitucional, ilegal y profundamente inmoral.

El abogado Víctor Álvarez fue claro: esta ley no solo vulnera la Constitución peruana, también contradice los tratados internacionales firmados por el Perú. “Es una ley que insulta la memoria de las víctimas. Viola el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el principio de no repetición”, señaló. Según su análisis, no se trata de una medida general, sino una norma con nombre propio. Apunta a liberar a miembros de las fuerzas del orden condenados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Uno de los casos más representativos es el de Manta, donde niñas entre 15 y 17 años fueron víctimas de violación sexual sistemática por militares en bases contrasubversivas entre 1984 y 1990. DEMUS, organización que representa a las víctimas, ha luchado por años para que este caso llegue a la Corte Suprema. Sin embargo, el proceso enfrenta nuevos obstáculos desde la aprobación de esta ley. “Podría aplicarse también en este caso. Sería un escándalo de impunidad”, advirtió Álvarez.

La periodista Marlene Paredes preguntó si la edad de los responsables, como sostiene la ley, debería exonerarlos. La respuesta fue tajante: no. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ni la vejez borra las culpas. Esta norma, además, no se limita al pasado. Según Álvarez, también podría usarse para favorecer a quienes participaron en las recientes masacres durante el gobierno de Dina Boluarte, como los casos en Puno.

Por su parte, el abogado David Velasco fue más allá. Explicó que el Perú, como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a acatar las resoluciones de la Corte IDH. Sin embargo, denunció que este gobierno “es el primero en desacatar abiertamente esos compromisos”. Esto, afirma, convierte al Perú en un Estado paria, comparable con regímenes como el de Nicaragua o Venezuela.

Velasco calificó de “falsa” la idea de que esta ley tenga carácter humanitario. Recordó que las verdaderas víctimas siguen esperando justicia, muchas veces sin siquiera recuperar los restos de sus familiares. “No hay conciliación posible sin verdad ni justicia”, sentenció.

La norma —identificada como proyecto de ley 7549— ha sido impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, quien afirma que alcanzará a unos mil efectivos. Sin embargo, los especialistas sostienen que el número real de beneficiados sería mucho mayor, dada la ambigüedad del texto.

Ambos abogados señalaron que la única vía para impedir su aplicación será el poder judicial. Cada juez deberá rechazar su uso caso por caso, tal como sucedió en 1995 con una ley similar, también declarada inaplicable por su inconstitucionalidad. La esperanza, dicen, está en los jueces valientes y probos, así como en las organizaciones internacionales.

Mientras tanto, las víctimas siguen esperando. Esperan justicia. Esperan que su país no las olvide. Esperan que no se repita la historia. Esta ley, más que una página en el diario oficial, es una herida que no cierra.