La reciente propuesta legislativa, conocida como Ley Soto de Telecomunicaciones, ha generado un intenso debate en el ámbito de los medios de comunicación y la inversión privada. Alejandro Soto, presidente del Congreso, impulsa una medida que podría transformar radicalmente el panorama televisivo del Perú.
DE “TRAIDOR Y CORRUPTO” CALIFICARON CUSQUEÑOS AL PRESIDENTE DEL CONGRESO ALEJANDRO SOTO
Soto, con vínculos previos a la Compañía de Televisión Cusqueña, promueve una ley que forzaría a las operadoras de televisión paga a incluir canales de señal abierta en sus servicios. Esta iniciativa se ha aprobado ya en una primera votación sin considerar los informes técnicos pertinentes, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles infracciones a los principios constitucionales.
Impacto en la inversión y la elección del consumidor
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señala que más de 1,85 millones de peruanos optan por servicios de televisión privada, buscando alternativas a la programación de señal abierta. La libertad de contenido se ve amenazada por esta ley, que podría imponer una selección de programas no deseados por los consumidores y afectar negativamente la inversión privada.
-
Recomendados:
- Fiscal de Ica es condenado por acoso agravado tras hostigar por años a joven abogada subordinada
- Piura: Familias de 4 de octubre y La Primavera denuncian seis años sin agua y exigen mesa de diálogo a EPS Grau
- Ayacucho: Solo el 0.5 % de estudiantes de quinto de secundaria comprende lo que lee
Opiniones en contra de la Ley Soto de Telecomunicaciones
Virginia Nakagawa, exviceministra de Comunicaciones, ha expresado su rechazo al proyecto, argumentando que viola la libertad de contenido y presenta problemas constitucionales, técnicos y económicos. La crítica subyace en la imposición de contenidos específicos, limitando el derecho de los usuarios a elegir libremente entre televisión abierta o por cable.
El futuro de la propuesta
A pesar de las críticas y la falta de análisis detallado, el Congreso se prepara para una segunda votación. La comunidad empresarial observa atentamente, esperando que se respeten los derechos de inversión y la libertad de contenido que define a una sociedad democrática.
La libertad de contenido es un pilar central del derecho a la información, enfatizando la importancia de la elección y la voz del consumidor en el mercado de las telecomunicaciones.
Fuente: Vigilante