¿Inversión privada sin costo para el Cusco o negocio privado disfrazado de “gestión pública”?
En conferencia de prensa, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, soltó una declaración que levanta más sospechas que aplausos: admitió que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es socio de una de las empresas privadas que invertirán 36 millones de dólares en el tren de cercanía Cusco–Urcos.
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El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, acaba de reconocer algo que genera serias dudas sobre el futuro del tan esperado tren de cercanía Cusco–Urcos. En conferencia de prensa, Pantoja afirmó que Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, es socio de una de las empresas que invertirá 36 millones de dólares en este proyecto ferroviario.
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Pantoja aseguró que la Municipalidad del Cusco no desembolsará “ni un sol” y que la inversión será íntegramente privada. Según su versión, adquirirán vagones y coches nuevos de Argentina y, si todo “camina bien”, en tres meses podría iniciarse la ejecución del proyecto.
“Le hemos pedido el apoyo al señor Rafael López Aliaga porque él es socio de una de las empresas… y esperemos, si fuera así, ojalá que sea así también”, declaró el alcalde cusqueño.
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El burgomaestre cusqueño intentó blindar la iniciativa repitiendo varias veces que “no existe ningún convenio firmado”. Asimismo, dijo que no habrá gasto municipal ni regional, y que el proyecto no tiene tintes políticos. Sin embargo, su propia confesión abre un frente incómodo. ¿cómo se puede garantizar transparencia en un proyecto millonario cuando la autoridad capitalina es al mismo tiempo promotor político y empresario beneficiado?
La justificación de Pantoja tampoco despeja dudas sobre el futuro costo social. El pasaje lo fijará la empresa privada, que naturalmente buscará recuperar su inversión. El alcalde reconoció que el negocio se sostendrá con el cobro directo a los pasajeros:
“Por supuesto que la empresa tiene que cobrar pasaje. Nosotros no vamos a operar esos trenes, no es nuestro trabajo”.
Mientras Pantoja insiste en que se trata de una oportunidad para descongestionar el trafico en el sur de la ciudad los fines de semana, lo que queda en el aire es la falta de debate ciudadano y de garantías contra posibles conflictos de intereses. Porque, si el alcalde de Lima es socio de la empresa ferroviaria, ¿estamos ante un proyecto de transporte para el pueblo o ante un nuevo capítulo de negocios privados disfrazados de gestión pública?