Diversas lideresas de Huancayo y la región Junín rechazaron el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, que restablece la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados, que, de ser aprobado por el Pleno, entraría en vigor a partir del las Elecciones Generales 2026 en adelante.

Según la propuesta, desde el momento de su elección y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, un parlamentario no podrá ser investigado ni privado de su libertad sin autorización previa de la cámara a la que pertenece o de la Comisión Permanente, la cual deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días calendario.

«Rechazo tajantemente la inmunidad. Los congresistas no pueden pretender estar en el poder sin transparencia de sus actos», sostuvo la presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván.  

Y es que, debido a la reforma que repuso la bicameralidad, el actual Congreso colocó requisitos para los actuales parlamentarios puedan postular a la futura cámara de senadores. Entonces, quedarían blindados de los actuales cuestionamientos.

«El congreso ilegítimo busca la impunidad disfrazándola de inmunidad parlamentaria», señaló por su parte la consejera regional, Kely Flores Mas.

«Esta decisión de la Comisión de Constitución es una de las contrarreformas que de manera sistemática vienen instaurando para atornillarse en el poder en el próximo gobierno y garantizar que incluso delitos comunes no sean investigados», sostuvo Flores.

«Los privilegios del Congreso se justifican cuando sirven en beneficio de la población y el País, esta inmunidad está muy alejada de ello», añadió.

Desigualdad ante la ley

A su turno, la regidora de Huancayo. Fiorella Fabián, planteó que el dictamen de la Comisión de Constitución genera desigualdad ante la ley, pone obstáculos para la actuación del sistema de justicia y es un posible abuso de poder.

«Es importante considerar el impacto que esta medida tendrá en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la lucha contra la corrupción. Pero lo que menos le interesa a este Congreso de sinvergüenzas es la aprobación de la ciudadanía, están ensimismados», señaló Fabián, quien espera que el proyecto no sea aprobado por el Pleno del Parlamento. 

Por su parte, Giovanna Herrera, gestora de proyectos en la región Junín, también se mostró en contra del restablecimiento de la inmunidad parlamentaria.

«En una democracia todos los funcionarios y funcionarias públicas deben responder por sus actos como cualquier ciudadano. Esta prerrogativa de la inmunidad se usaría como un escudo para evadir investigaciones por corrupción, delitos comunes o abuso de poder, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley. La inmunidad no debe ser sinónimo de impunidad ni proteger a quienes abusan de su cargo», afirmó Herrera.

Si se aprueba la inmunidad parlamentaria, «la desconfianza ciudadana en las instituciones se profundizará al percibir que los congresistas gozan de privilegios injustificados», dijo la activista.

«Devolver la inmunidad sin controles claros solo profundizaría esa desconfianza y ampliaría la desconexión entre representantes y ciudadanía. Por ello, cualquier retorno debe basarse en una reforma con límites precisos, mecanismos de control y garantías de transparencia», concluyó.

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