La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la sentencia condenatoria en segunda instancia, dictada por la 8ª Sala Penal Liquidadora de Lima, contra la defensora ambiental Lucila Pautrat. Dicha sentencia ratificaba el fallo previo del 43º Juzgado Penal de Lima que la condenó, en 2021, a dos años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/ 50 000.

Este caso se originó a raíz de una querella por difamación agravada presentada en 2019 por la empresa Tamshi S.A.C., dedicada al cultivo intensivo de cacao. La acusación se basó en la información sobre la deforestación de más de 2500 hectáreas de bosques tropicales primarios por parte de la empresa Tamshi S.A.C., en la localidad de Tamshiyacu, ubicada en el distrito Fernando Lore, provincia de Maynas, región Loreto.

Caso Pautrat: Sentencia establecerá un precedente

La ingeniera forestal Lucila Pautrat Oyarzún, directora de Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Asociación Kené, una ONG dedicada a la conservación, defensa y preservación de los bosques amazónicos peruanos, consideró que esta decisión judicial firme “sienta un precedente significativo para todos los casos de las y los defensores ambientales que vienen siendo criminalizados, precisamente, por la defensa de los bosques o, en el caso de las y los líderes indígenas amazónicos y altoandinos, de sus territorios o de los ríos y lagunas”.

“La Sala Penal Transitoria de l CSJ ha determinado que las sentencias previas no habían valorado adecuadamente las pruebas que presentamos y que las notas de prensa que publicamos se basaban en información pública”, sostuvo.

Para Pautrat, lo más importante no es solo la corrección del error en la sentencia condenatoria anterior (la de la 8ª Sala Penal Liquidadora), sino que el sistema de justicia ha reconocido que la defensa del ambiente es un derecho de rango constitucional, que concierne a todos los ciudadanos peruanos y que, por tanto, no debe ser objeto de criminalización. 

Pautrat Oyarzún relató que “el problema surgió en 2013, cuando la población de Tamshiyacu presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., ahora Tamshi S.A.C., por tala indiscriminada de árboles”.

Desde febrero de 2013 hasta junio de 2015, la compañía deforestó más de 2000 hectáreas de bosque natural, como se capturó en imágenes satelitales. Sustituyó la cobertura forestal que existía en esta zona sin la autorización debida ni los requisitos legales previos, como los estudios de suelo para el cambio de uso y los estudios de impacto ambiental (EIA). 

«A raíz de la acusación de deforestación, se produjo una serie de investigaciones y denuncias de usurpación de predios a pequeños agricultores por parte de trabajadores de Tamshi S.A.C. En ese contexto, publicamos dos notas de prensa, dando cuenta de estos hechos de conocimiento público», precisó.

La defensora ambiental, reconocida como tal por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), indicó que, “como respuesta a esta defensa de los bosques y agricultores”, la empresa interpuso cuatro denuncias penales en su contra.

Según explicó, una fue archivada por carecer de sustento; pero otra era la querella por difamación agravada, que resultó en la sentencia absolutoria de la CSJ. Las dos acciones legales restantes permanecen abiertas: una es por participar como testigo de un proceso de investigación penal en curso, y una última, también en proceso, que el Minjusdh apoya con la defensa pública.

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