Machu Picchu vuelve a ser el epicentro de un debate urgente que mezcla cultura, economía y política. A inicios de semana, autoridades regionales, operadores turísticos y representantes de la sociedad civil se sentaron en la misma mesa para analizar el futuro del principal atractivo del país. En la última entrevista de la Red de Medios Regionales del Perú se habló sobre tres temas de la problemática del turismo en Cusco: la congestión de visitantes, la falta de infraestructura en Aguas Calientes y los conflictos sociales en el transporte.

La reunión fue encabezada por el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien advirtió que Machu Picchu es el motor económico de la región, pero que su gestión requiere cambios profundos. Remarcó que no se puede seguir improvisando ni permitir que el patrimonio se deteriore por la presión turística. Para la autoridad, es indispensable que las comunidades locales se beneficien de manera más directa de la actividad.

Uno de los puntos más sensibles fue el aforo de visitantes. Hoy el límite oficial es de 4 500 personas por día, pero en la práctica, en temporada alta, esta cifra suele superarse. Los empresarios turísticos pidieron revisar el número para no perder ingresos en fechas de gran demanda, mientras que arqueólogos y especialistas alertaron que el sitio ya muestra signos de desgaste y que subir el aforo podría agravar el problema.

El estado de Aguas Calientes también generó preocupación. Los participantes coincidieron en que el poblado vive un desorden creciente: el transporte funciona sin orden, el comercio informal ha ganado terreno y la acumulación de basura afecta la experiencia de los visitantes. Varios dirigentes locales insistieron en que no es coherente hablar de turismo de calidad si el primer lugar que recibe a los turistas está colapsado y sin servicios adecuados.

La reunión abordó además el monopolio de Consettur, la empresa que controla el transporte en bus hasta la ciudadela. Los representantes sociales reclamaron que las tarifas son altas y no existe competencia que incentive mejoras en el servicio. Propusieron abrir el mercado a nuevos operadores para reducir costos y asegurar un trato más justo para las comunidades que dependen de esta ruta.

El gobernador anunció que el Gobierno Regional y el Ministerio de Cultura vienen preparando una nueva hoja de ruta para la gestión de Machu Picchu. Este plan contempla la instalación de mesas técnicas y la participación de la sociedad civil para construir consensos. El objetivo es lograr un turismo sostenible que mantenga los ingresos que genera la maravilla mundial, pero que al mismo tiempo evite su deterioro.

La cita concluyó con compromisos para entregar un plan de trabajo en los próximos 60 días. Pese a las diferencias, todos reconocieron que el reto es enorme: se necesita un equilibrio entre la conservación del patrimonio, la creciente demanda turística y las expectativas económicas de las comunidades locales. Lo que se decida en los próximos meses marcará el rumbo no solo para Machu Picchu, sino para toda la política turística de la región.

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