La reciente decisión del Ministerio Público de cesar a cuatro biólogos del Laboratorio Forense de Ayacucho ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). 

La organización critica que este despido obstaculice el procesamiento de ADN mitocondrial en casos emblemáticos de lesa humanidad, como los de Accomarca, Cayara, Totos y Los Cabitos.  Lidia Flores, miembro de la Anfasep, señaló que esta medida representa un grave retroceso en la lucha por la verdad y justicia para las víctimas de la violencia política en el país. 

En un comunicado oficial, la organización destacó que la falta de presupuesto para la continuidad de los trabajos en derechos humanos pone en peligro el avance en investigaciones cruciales. 

«Esta decisión no solo incumple los compromisos del Estado en derechos humanos, sino que también vulnera el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia», expresó Flores. 

Asimismo, recordó la promesa hecha por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en diciembre de 2024, durante la entrega de restos en Ayacucho, donde se comprometió a conseguir mayores recursos para la búsqueda de los desaparecidos.

EL HECHO

Ayer, trabajadores y profesionales de la División Médico Legal B de Ayacucho realizaron una protesta pacífica por una serie de derechos que se estarían vulnerando, por lo que anunciaron que la atención al usuario se vería restringido hasta el próximo 31 de enero.  

Vienen solicitando la reposición del personal que habría sido despedido de forma arbitraria, en garantizar a los especialistas en sus puestos de trabajo y el funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular y Genética. 

Otro de los problemas señalados es la falta de un psicólogo para la Cámara Gesell, lo que podría afectar las investigaciones sobre agresiones sexuales y otros casos sensibles que se registran en la región. 

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre los reclamos. La situación pone en evidencia las dificultades que enfrentan los servicios forenses en Ayacucho, una región crucial para el esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en el Perú.

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