El coordinador del módulo defensorial de San Román Nibardo Enríquez Barriales alertó que al menos 2000 menores hijos de reclusos de los penales La Capilla de Juliaca y Lampa enfrentan abandono tras la privación de libertad de sus progenitores. La Defensoría del Pueblo identificó que estos niños viven con familiares lejanos vecinos o incluso solos.
La investigación reveló que muchos menores no tienen DNI ni acceso a salud o educación. «Hemos visto niños que viven solos» advirtió Enríquez. La falta de documentos y protección los expone a violencia sexual trata o delincuencia según el funcionario.
Esta semana se conformó el Consejo de Coordinación Local dentro del programa Rompiendo Cadenas. El objetivo es visitar a cada menor y garantizar sus derechos básicos. «Si un niño no tiene DNI lo gestionaremos de inmediato» afirmó el coordinador.
El equipo está integrado por la Policía Fiscalía DEMUNA y Salud Mental. Trabajarán en campo desde noviembre para actualizar datos y ubicar a los niños. «Algunos están en Puno otros en Tacna o Lima» explicó Enríquez sobre la dispersión geográfica de los casos.
El programa priorizará la matrícula escolar y atención médica para evitar que caigan en redes delictivas. «Sin educación ni control pueden militarizarse» advirtió el defensor. La primera intervención será el 22 de noviembre en el penal La Capilla.
Enríquez destacó que la UPE y el CAR también participarán para brindar soporte psicológico. «Si un niño está en riesgo lo internaremos» señaló. La iniciativa busca romper el ciclo de vulnerabilidad que afecta a estas familias.
Los internos entrevistados confirmaron que sus hijos no reciben apoyo estatal. «Muchos padres están en conflicto y los niños quedan desamparados» agregó. La Defensoría exige acciones urgentes para proteger a este grupo olvidado.
La cifra supera los registros previos y refleja una crisis social oculta. «No podemos permitir que crezcan sin oportunidades» concluyó Enríquez. Las instituciones actuarán en red para revertir esta realidad en las próximas semanas.
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