La minería ilegal se ha convertido en un grave problema para el Perú, afectando severamente regiones como Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Según una encuesta realizada por Ipsos en mayo de 2024, el 86% de los peruanos considera que este tema debe ser prioritario para el actual gobierno, con el 67% enfatizando su urgencia. Solo en Madre de Dios, la minería ilegal ha provocado pérdidas de hasta 593 millones de dólares entre 2022 y 2023, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta actividad no solo causa deforestación y contaminación de ríos, sino que también amenaza la biodiversidad, la salud de las comunidades, la paz social y la gobernabilidad. Además, la Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) informa que en los últimos 20 años, más de 31 mil hectáreas han sido deforestadas en esta región, y la contaminación por mercurio ha generado graves problemas de salud. La encuesta de Ipsos también revela que el 60% de los encuestados identifica la corrupción de las autoridades como una de las principales barreras para combatir la minería ilegal. Expertos señalan que esta corrupción impide el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar estas actividades ilícitas. 

57% considera que el Congreso obstaculiza lucha contra minería ilegal

Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, afirma que las propuestas legislativas impulsadas por el Congreso contribuyen a mantener la informalidad y la criminalidad, agravando el problema. “Cabe recordar que la minería ilegal es una actividad que opera en el ámbito del crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos”, subraya. El rol del Congreso es cuestionado por el 57% de los encuestados, quienes consideran que obstaculiza la lucha contra la minería ilegal. La necesidad de una política de Estado para enfrentar esta problemática es evidente. Aunque el 60% de los encuestados piensa que el Ministerio de Energía y Minas debería liderar esta lucha, el 41% cree que corresponde al Ministerio de Ambiente, y el 18% responsabiliza a los gobiernos regionales.  La FCDS-Perú sugiere que la corrupción es un problema estructural que debe abordarse mediante la reactivación y fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción. “La minería ilegal es un delito y como tal es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial, no obstante, el Poder Ejecutivo ha buscado enfrentar a este fenómeno criminal con la creación de diversas comisiones multisectoriales específicas y generales.”, explica Manuel Zapata. “Lamentablemente, los resultados de dichos esfuerzos son pobres y no han podido detener el crecimiento de la minería ilegal y menos mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos”, concluye el especialista.

Debilidad institucional

La falta de implementación de políticas efectivas, como la Estrategia de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales en la Amazonía, prepublicada en 2022 por el Minam y aun sin avances, junto con la ausencia de una Política Nacional concreta contra la minería ilegal a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evidencian una debilidad institucional. Finalmente, se subraya la importancia de fortalecer los controles administrativos sobre la minería artesanal y de pequeña escala, tarea que recae en los gobiernos regionales. Estas instituciones también deben trabajar en la formalización de estas actividades para reducir el espacio en el que opera la minería ilegal. Es evidente que la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral y multisectorial, con el compromiso firme de todas las instituciones involucradas para proteger el medio ambiente y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas.

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