La tensión entre el Ejecutivo y el sector privado escala tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien acusó públicamente a la minera Poderosa de adquirir oro ilegal en Pataz. La afirmación, realizada sin pruebas en una entrevista radial, ha desatado una respuesta directa de la compañía, que exige una rectificación inmediata.
La empresa remitió una carta formal al mandatario en la que califica las declaraciones como imputaciones graves y sin sustento. En el documento, se exige que el jefe de Estado se rectifique “a la brevedad” y ofrezca las disculpas correspondientes, advirtiendo que se ha atribuido un delito inexistente a una compañía formal.
Poderosa rechaza acusaciones
Poderosa sostiene que toda su producción proviene de fuentes propias y operaciones legalmente autorizadas, rechazando de manera categórica cualquier vínculo con minería ilegal o redes criminales. El pronunciamiento subraya que no compra oro a terceros y cuestiona la ligereza de las acusaciones, más aún viniendo de un presidente con formación jurídica.
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El episodio refleja un clima político marcado por declaraciones sin sustento en medio de la creciente crisis por la minería ilegal, hoy considerada una de las principales economías ilícitas del país. En este contexto, el conflicto no solo golpea la credibilidad presidencial, sino que también evidencia la fragilidad del discurso oficial frente a un problema estructural.
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