El reporte estadístico de junio de los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) señala que la minería ilegal es el delito con el mayor monto acumulado, con US$ 8216 millones, superando largamente al narcotráfico (US$ 640 millones) y a la corrupción de funcionarios (US$ 1487 millones).
Según un reciente estudio realizado por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Madre de Dios es la región con el mayor número de mineros en proceso de formalización, pues concentra el 83.96 % de todas las inscripciones. Este número (9255) representa más de cinco veces la suma de los registros de las demás regiones.
También en Madre de Dios, la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) ha revelado que, entre 2021 y 2022, se ha perdido 18,421 hectáreas de bosque a causa de la minería ilegal, lo que equivale a perder todo el territorio de la provincia constitucional del Callao.
Cenepa controlado por la minería ilegal
En la provincia de Condorcanqui, Amazonas, se ha revelado que la mayor actividad de minería ilegal se concentra en los sectores de Alto Comainas (El Tambo, en la frontera con Ecuador), río Cenepa y río Santiago.
En este lugar habita el pueblo indígena awajún, que, a través de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), han advertido que la actividad ilegal ocurre en territorios de comunidades indígenas, específicamente en las comunidades de Mamayaque, Nuevo Tutino, Tuutin, Pagki, San Antoni, Huampami, Achu y Base Militar Chávez Valdivia.
Al 2021, la provincia de Condorcanqui fue la segunda de todo el país con mayor incidencia de amenazas contra defensores ambientales producto de mineros y taladores ilegales. Sin embargo, pese a que en este territorio el Estado ha realizado una serie de planes de operación para frenar el avance de la minería ilegal, estas acciones aún son insuficientes.
Minería ilegal persiste en zonas de amortiguamiento de ANP
En el informe realizado por la FCDS-Perú se especifica que en la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, ubicada en Huánuco, la presencia de la minería ilegal todavía persiste. En este mismo lugar, donde se encuentra la provincia de Puerto Inca, entre el 2020 y el 2022, fueron asesinados cuatro líderes indígenas por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
A la fecha no se dispone de estudios detallados que den cuenta de la magnitud de esta actividad y de sus impactos, tales como la contaminación por mercurio, cadenas logísticas, producción y comercialización de oro, entre otros. Para leer el estudio completo ingresa aquí.
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