La minería ilegal en Puno muestra indicios de financiar campañas políticas, situación que genera preocupación por el impacto directo en la transparencia de las próximas elecciones, según advirtió Américo Arizaca Ávalos, exdirector regional de Energía y Minas de Puno.
Arizaca Ávalos explicó que no resulta extraño ver organizaciones políticas con integrantes vinculados a la minería informal, lo que evidencia la presencia de intereses económicos que buscan influir en candidaturas y decisiones públicas.
El especialista señaló que este fenómeno no se limita a Puno, ya que en todo el país existen candidatos que reciben apoyo de mineros ilegales, lo que podría poner en riesgo la legitimidad de los procesos electorales.
Según una encuesta de Ipsos, el 71 por ciento de los peruanos considera probable que la minería ilegal financie campañas en 2026, lo que refleja el temor de la ciudadanía ante el avance de economías ilegales en la política nacional.
Arizaca Ávalos remarcó que muchos mineros prefieren mantener la informalidad, ya que operar fuera de la ley les permite evitar obligaciones y controles, lo que dificulta los esfuerzos por ordenar el sector y combatir la ilegalidad.
El exdirector regional advirtió que la presión de estos grupos podría influir en la aprobación de normas que favorezcan la informalidad, lo que representa un desafío para las autoridades encargadas de fiscalizar y regular la actividad minera.
La situación descrita por Arizaca Ávalos plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, para evitar que intereses ilegales condicionen la democracia y el desarrollo de la región y del país.
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