La minería ilegal e informal continúa golpeando duramente a las regiones Cusco, Apurímac y Puno en 2025. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta actividad provocará que el Estado peruano deje de recaudar más de 5.200 millones de soles en Impuesto a la Renta (IR) este 2025. La mitad de ese monto —unos S/2.600 millones— debía transformarse en canon minero para gobiernos regionales y locales del sur del país.

En consecuencia, regiones como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Madre de Dios, La Libertad y Ayacuchodejarán de recibir importantes recursos para ejecutar obras de salud, educación, carreteras, agua potable y saneamiento.

Perderán presupuesto para inversión pública clave

Aunque el impacto varía por región, los datos revelan pérdidas millonarias:

• Puno dejaría de recibir S/460 millones

• Arequipa, S/450 millones

• Apurímac, S/213 millones

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• Madre de Dios, S/240 millones

• La Libertad, S/215 millones

• Ayacucho, S/160 millones

Estos recursos no llegarán a municipios ni gobiernos regionales, afectando directamente la capacidad para mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos. Con esos montos se podrían construir hospitales, colegios emblemáticos o redes de agua potable en comunidades olvidadas por el Estado.

“El desarrollo regional está siendo frenado por la evasión tributaria de quienes operan al margen de la ley”, advirtió el ministro Jorge Luis Montero.

Trabajo minero en condiciones precarias

Además del perjuicio económico, el Estado identificó serias vulneraciones a los derechos laborales en las zonas de minería informal e ilegal. Los trabajadores, en su mayoría contratados sin vínculo formal, no cuentan con seguro social, CTS, pensión, ni vacaciones, y están expuestos a condiciones peligrosas sin ninguna protección.

“El Estado revisará la normativa para garantizar salud y seguridad ocupacional a estos trabajadores, que hoy son explotados por quienes dicen representarlos”, afirmó el ministro.

Contexto regional

Cusco, Apurímac y otras regiones del sur enfrentan un doble impacto: por un lado, la pérdida de ingresos clave para su desarrollo económico, y por otro, el avance de una economía ilegal que genera inseguridad, contamina el ambiente y pone en riesgo la vida de cientos de trabajadores.