Luego de que se conociera que varias menores víctimas de violencia sexual fueron expuestas en una actividad pública, realizada dentro del albergue que fundó la pastora evangélica y actual congresista Milagros Jáuregui; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino el lugar.

A través de un comunicado, este jueves informó que se ordenó el traslado progresivo de las niñas y adolescentes afectadas a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral.

“Con el objetivo de priorizar el interés superior de los residentes del centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección”, precisó.

El MIMP tomó esta decisión luego de que ejecutara, el último lunes, diversas acciones de supervisión y verificación en ese albergue privado que tiene más de ocho años de funcionamiento. Sin embargo, el sector también tendría responsabilidad porque, según la propia legisladora Milagros Jáuregui, la Unidad de Protección Especial de dicho ministerio les derivó al menos 150 adolescentes embarazadas o con hijos en estos años.

Fiscalía también reacciona

La situación es crítica. Por eso, este jueves también la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’ en el marco del inicio de una investigación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese espacio, de acuerdo con la Fiscalía, se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, quienes ahora deberán ser trasladados a otros centros de acogida, de acuerdo con lo dispuesto por el MIMP.

También se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante.

Asimismo, se revisó aspectos vinculados a las condiciones de confidencialidad y protección de la imagen, los protocolos internos sobre difusión de actividades institucionales, las medidas adoptadas para prevenir situaciones de revictimización; así como las condiciones generales del albergue fundado por la parlamentaria de Renovación Popular.

La diligencia fue dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene dicho al albergue, ubicado en Cieneguilla, con la protección de la identidad, la dignidad, la privacidad y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, particularmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad.

Fuente: La República

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