El Ministerio Público del Perú ha lanzado una contundente advertencia sobre la alarmante situación de la lucha contra los delitos ambientales, con la minería ilegal a la cabeza. En una reciente conferencia de prensa, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los fiscales Frank Almanza, Walter Gutiérrez y Ana María Trillo, expusieron cómo las modificaciones legislativas y la drástica falta de presupuesto están debilitando la capacidad del Estado para enfrentar a las poderosas redes criminales que operan en el país.

Minería ilegal: Un negocio criminal que supera al narcotráfico

Los fiscales especializados en Materia Ambiental (FEMA) calificaron a la minería ilegal como un «delito fuente» que genera una cadena de crímenes conexos, incluyendo la trata de personas, el sicariato, la extorsión y el lavado de activos. Frank Almanza, coordinador nacional de las FEMA, subrayó que esta actividad ilícita es extremadamente rentable, movilizando hasta siete veces más capital que el narcotráfico. Esta lucrativa operación, que no es de subsistencia, sino una empresa criminal, atrae a organizaciones internacionales como el Tren de Aragua y a poderosos clanes nacionales. Las consecuencias ambientales son devastadoras: deforestación masiva en 32 distritos y 22 ríos, afectando zonas de alta biodiversidad como la Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri. Se reveló que solo el año pasado, en Puerto Maldonado, se vertieron 181 toneladas de mercurio, y poblaciones aledañas presentan niveles de plomo cinco veces superiores a los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Leyes «debilitadas» y el «escudo» del REINFO

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lamentó que la ley, herramienta fundamental de los fiscales, esté siendo «debilitada». Se señalaron dos problemas críticos:

• Modificación de la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077): Un cambio reciente elevó el requisito de pena mínima a más de 5 años para que un delito sea investigado como crimen organizado. Esto excluye a los delitos ambientales, cuyas penas son generalmente más bajas, impidiendo que sean vistos por la Corte Penal Nacional y limitando el uso de técnicas especiales de investigación cruciales para desarticular redes criminales.

• Vacíos legislativos y el REINFO: Los fiscales criticaron la prórroga continua del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), calificándolo como un «escudo protector» para la minería ilegal. Quienes están inscritos en el REINFO no pueden ser investigados por el delito, lo que genera impunidad y obstaculiza las interdicciones. Además, la ley actual sanciona la extracción, pero no el transporte o la comercialización del mineral, creando un vacío legal que beneficia a los criminales.

Presupuesto «cero» y riesgos para los fiscales en el terreno

La situación se agrava por la alarmante falta de apoyo económico. El Ministerio Público denunció que su presupuesto es escaso y en constante reducción. Más grave aún, el programa presupuestal específico para la lucha contra la minería ilegal (Pliego 128) fue asignado con presupuesto cero para 2025, a diferencia de años anteriores. Esta precariedad obliga a los fiscales a depender de la Marina, la Fuerza Aérea y el Sernanp para su movilización en zonas remotas de la Amazonía, donde el acceso es difícil y costoso. El fiscal Frank Almanza ilustró los riesgos de esta situación al informar en vivo que, en ese preciso momento, un camión que transportaba a fiscales de un operativo en Puno se había volcado, dejando a dos de ellos lesionados.

«Es nuestra realidad, es como estamos trabajando y es los riesgos a los que estamos siendo sometidos», lamentó Almanza.

La falta de presupuesto incluso impide la destrucción y desguace de maquinarias incautadas, que en muchos casos deben ser devueltas.

Amenaza a las Áreas Naturales Protegidas y alerta sobre la Ley MAPE

Los fiscales también expresaron su profunda preocupación por el impacto en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y por propuestas legislativas como la Ley MAPE.

Impacto en ANP: La minería ilegal ya opera en zonas de amortiguamiento de ANP como la Reserva Nacional de Tambopata, donde el avance ha sido frenado únicamente por la presencia de bases militares. Peligro de la Ley MAPE: El fiscal Almanza se pronunció en contra de un punto de la propuesta de la Ley MAPE que permitiría la minería aluvial en zonas de amortiguamiento. Calificó esta actividad de «genocidio», advirtiendo que el vertimiento de mercurio y otros contaminantes en los ríos afectaría directamente a las poblaciones y destruiría ecosistemas vitales. De aprobarse, esta ley obligaría a retirar las bases militares, dejando desprotegido el patrimonio natural del país. A pesar de estas adversidades, la Fiscal de la Nación Delia Espinoza reafirmó el compromiso del Ministerio Público de seguir luchando contra la criminalidad ambiental. Sin embargo, los fiscales hicieron un llamado urgente a la sociedad y al Estado para fortalecer el marco legal y el apoyo financiero, considerando la minería ilegal y los delitos ambientales como una amenaza real a la seguridad, el desarrollo y la salud pública del Perú.

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