Contraloria verificó que certificados de trabajo presentado por locador para servicio de lengua de señas no fueron oficiales
La Contraloría General de la República – CGR advirtió presuntas irregularidades en la contratación de una intérprete de lengua de señas en la Municipalidad Distrital de San Sebastián se habría otorgado la buena pro a una locadora que incumplía con el perfil exigido y sustentó su experiencia con certificados de trabajo no reconocidos como oficiales.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2026-2-1628-AOP, correspondiente al periodo del 26 de mayo al 29 de agosto de 2025, la municipalidad contrató el servicio sin que la proveedora cumpliera los requisitos establecidos en los términos de referencia, lo que habría afectado la transparencia del proceso, el uso de los fondos públicos y la adecuada atención a personas con discapacidad.
-
Recomendados:
- Alerta nacional ante el fenómeno climático: Contraloría inicia megaoperativo para la prevención de inundaciones en Perú desde la capital hasta las regiones vulnerables
- La Rinconada: Policía incauta más de 470 cartuchos explosivos y ANFO durante operativo "Rinconada Segura 2026"
- Aumento del consumo de cuy supera producción regional y Ayacucho busca fortalecer su cadena productiva
El requerimiento, realizado inicialmente por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) por un monto de S/ 4100, sin embargo, la oficina de Abastecimiento otorgó la buena pro por S/ 4000 a una postora cuya actividad principal en el RUC correspondía a “agencias de cobro”, rubro que no tiene relación con el servicio contratado.
Municipalidad de San Sebastián realizó contratación que se sustentó con presunta documentación falsa
Asimismo, se detectó que la locadora presentó cuatro certificados de trabajo para acreditar tres años de experiencia; pero hecha la verificación con el Instituto de Manejo de Agua (IMA) y el Gobierno Regional de Cusco, ambas entidades precisaron que la ciudadana se desempeñó como obrera y peón, respectivamente, y no reconocieron estos certificados como documentos emitidos oficialmente.
Estos hechos vulneran la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas que prohíbe presentar documentación falsa o adulterada. Pese a ello el área de adquisiciones habría continuado con la contratación. Ante esta situación, la Contraloría recomendó al titular de la municipalidad adoptar las acciones correspondientes para determinar responsabilidades.