NO SE CONFORMARÁN | Los comandantes de la Policía Nacional del Perú y del Ejército se reunieron con Fernando Rospigliosi para agradecerle las leyes que ha impulsado en favor de las Fuerzas Armadas y la PNP. Sin embargo, coincidieron en que «falta mucho por hacer» para continuar promoviendo reformas que, según señalaron, fortalezcan el trabajo de ambas instituciones y les otorguen mayores garantías en el cumplimiento de sus funciones.
La reunión se realizó luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara en segunda votación la controvertida ley que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal. La norma ha generado una fuerte polémica porque podría favorecer a militares y policías procesados por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas antes de que dicho delito fuera incorporado expresamente a la legislación peruana.
Durante el encuentro, Rospigliosi reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Señaló que continuará impulsando iniciativas destinadas a brindarles mayor respaldo jurídico. En las últimas semanas, el Congreso también aprobó reformas relacionadas con el fuero militar-policial y otras medidas que, según el oficialismo, buscan otorgar mayor seguridad jurídica a los agentes que enfrentan al crimen y al terrorismo.
La única congresista que protestó abiertamente durante el debate fue Ruth Luque. La parlamentaria sostuvo que el verdadero objetivo de estas reformas no es fortalecer la lucha contra la delincuencia, sino evitar futuras sanciones contra militares y policías involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos durante operativos, intervenciones o protestas sociales.
Luque recordó que la legislación vigente ya reconoce el uso legítimo de la fuerza por parte de los efectivos cuando actúan conforme a la ley. Advirtió que las nuevas modificaciones podrían debilitar aún más los mecanismos de investigación y sanción en casos de graves abusos. A su juicio, el Congreso está construyendo un marco normativo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas.
Por el contrario, los promotores de la iniciativa sostienen que las reformas buscan adecuar la legislación penal al principio de legalidad. Y así evitar que se apliquen tipos penales de manera retroactiva,. Insisten en que es lo mínimo que pueden hacer para que puedan brindar mayor seguridad a quienes combaten la inseguridad ciudadana
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