La modificación de algunos artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ha sido rechazada por diversas organizaciones que advierten un retroceso y mayor deforestación. Entre ellas destacan comunidades nativas, ONGs ambientalistas y gobiernos regionales como San Martín.

La principal crítica es que la norma suspende la zonificación forestal como requisito previo para otorgar títulos habilitantes, lo que facilitaría la apropiación de tierras sin control. Además, no fue consultada con pueblos indígenas, pese a afectar sus territorios. Tampoco participaron gobiernos regionales que tienen las facultades sobre bosques.

La exministra del Ambiente Lucía Ruiz Ostoic advirtió, en entrevista con LA RED, que se vulneran derechos de comunidades nativas y facilita actividades ilegales como tráfico de tierras, deforestación y economías ilícitas ya arraigadas en el país. Considera positivo formalizar a agricultores, pero no de cualquier modo y sin consultas.

FAVORECE A «GRANDES» EMPRESAS

Por su parte, Lourdes Huanca Atencio de la Federación Nacional de Mujeres Indígenas afirmó que la ley solo beneficia a grandes empresas interesadas en explotar recursos, acelerando migración del campo a las ciudades y más pobreza. Recordó que modificaciones anteriores ya desataron protestas indígenas.

Ambas coincidieron en que las autoridades no coordinan entre sí. Ruiz criticó al Congreso por insistir en aprobar la norma pese a oposición del Poder Ejecutivo. Sostuvo que los mercados internacionales podrían cerrarse por falta de trazabilidad ante creciente deforestación.

Al respecto, desde Junín, se informó sobre la entrega de títulos individuales en la zona selvática de Satipo, una de las más deforestadas. Si bien hay demanda indígena de titulación para proteger territorios, se ha advertido sobre el peligro de seguir una política que no conserve bosques.

Ruiz diferenció la necesaria titulación colectiva para comunidades nativas, más retrasada en la Amazonía, de aquella individual en zonas altoandinas que sí puede impulsarse de forma ordenada y sostenible. El problema son normas temporales que se vuelven permanentes ante falta de planificación gubernamental.

Frente a esta situación, la exministra pidió mayor participación ciudadana e informada para fiscalizar a las autoridades, como ocurrió con la acción de inconstitucionalidad presentada por colegios profesionales y la propuesta de derogatoria en el Congreso.

Huanca hizo también un llamado a valorar los conocimientos ancestrales indígenas, dejando atrás el individualismo capitalista por una visión más colectiva y comunitaria de proteger nuestros bosques. Esta debe ser una lucha conjunta entre campo y ciudad ante amenazas globales como el cambio climático.