A menudo se afirma que los pequeños mineros tienen dificultades para bancarizar su dinero y que, por ello, están expuestos a robos y asaltos. Para Dante Vera, especialista de V&C Analistas, esa explicación es solo una parte del problema.
Vera sostiene que se ha “metido en el mismo saco” a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que busca formalizarse. Esta percepción, afirma, no cambiará solo con un nuevo discurso. Se necesitan mecanismos que permitan demostrar de dónde proviene el oro.
Un estudio del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible sobre el financiamiento y el acceso de la pequeña minería a la banca formal concluyó que las entidades financieras necesitan garantías para comprobar que tanto el dinero como el mineral que manejan tienen un origen lícito. Para Vera, una de esas garantías es la trazabilidad.
La propuesta es crear un sistema nacional, digital e interoperable que permita seguir el recorrido del mineral desde que sale del socavón hasta que llega al mercado internacional. No debería limitarse al minero que extrae el oro. También tendría que registrar a los acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras.
“Todos tienen que garantizar qué oro están manejando”, sostiene Vera.
Un sistema de este tipo permitiría saber dónde se produjo el mineral, quién lo compró, quién lo transportó, quién lo procesó y quién finalmente lo exportó. Para el especialista, esa información ayudaría a resolver una de las principales razones por las que los pequeños mineros tienen dificultades para acceder al sistema financiero: un banco no puede asumir el riesgo de operar con dinero cuyo origen no puede verificar.
El problema adquiere mayor dimensión por la diferencia entre el oro registrado como producción y el que aparece en los registros de exportación. En 2025, según el Ministerio de Energía y Minas, se registraron unas 109 toneladas de producción, mientras que la Aduana contabilizó exportaciones por 209 toneladas.
“¿Quién ha producido esas 100 toneladas? ¿Quién las ha transportado, quién las ha comercializado, quién las ha procesado y quién las ha exportado?”, preguntó Vera.
La diferencia representa, según el especialista, unos US$ 11 mil millones en 2025. “Es demasiada plata que entra sin saber su origen”, afirmó.
Seguir la ruta del mineral desde su origen
Para Vera, la trazabilidad debería convertirse en una política pública. El Estado tendría que utilizar herramientas digitales y sistemas de identificación que permitan registrar el recorrido del mineral desde su extracción.
La propuesta también contempla la instalación de laboratorios que determinen el peso, la ley y la humedad del material que sale del socavón. Con esos datos se podría establecer el valor del mineral desde el primer eslabón de la cadena y, al mismo tiempo, reducir los espacios para abusos de compradores y acopiadores contra los pequeños mineros.
La trazabilidad tendría que ir acompañada de la bancarización de las operaciones vinculadas a la producción de oro. La contratación de trabajadores, la compra de maquinaria, explosivos y otros insumos, así como los pagos por productos y servicios, deberían quedar registrados en el sistema financiero.
Según Vera, esto también permitiría cerrar espacios al contrabando de insumos químicos fiscalizados y del mercurio que ingresan ilegalmente al país.
El especialista considera que el proceso debe alcanzar también a los trabajadores. La formalización, sostiene, no debería limitarse al mineral y al dinero, sino incluir derechos laborales, seguridad en el trabajo, acceso al seguro social y el pago de salarios mediante operaciones bancarias.
Estas medidas, plantea Vera, deberían formar parte de una misma política para conocer y controlar toda la cadena del oro. Por eso, considera que el debate no debería concentrarse únicamente en la continuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificó como un “fracaso” porque no permitió diferenciar adecuadamente entre minería ilegal y minería informal.
El desafío, sostiene, es saber de dónde sale el oro, quién lo mueve y quién lo convierte en dinero. Sin esa trazabilidad, los pequeños mineros que buscan formalizarse seguirán teniendo dificultades para demostrar que sus ingresos tienen un origen legal y, por tanto, para ingresar plenamente al sistema financiero.