Los pasivos ambientales en Perú son un legado tóxico de las actividades extractivas, como la minería y los hidrocarburos que han contaminado extensas áreas del país. Estas zonas representan una amenaza constante para la salud pública y el ambiente, especialmente en la Amazonía, donde las comunidades indígenas enfrentan riesgos directos por la contaminación de sus territorios.

Herencia contaminante: los pasivos mineros en Perú

Perú cuenta con 6 128 pasivos mineros, según el Inventario 2023 del Ministerio de Energía y Minas. Estas fuentes de contaminación se concentran en la sierra, afectando el aire, el agua y a las comunidades cercanas. Un caso reciente ocurrió el 6 de agosto, cuando relaves mineros contaminaron el río Plata en Áncash, poniendo en riesgo el acceso al agua en varias localidades. Hasta la fecha, los responsables aún no han sido identificados.

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), la empresa pública encargada de remediar pasivos mineros abandonados o sin responsables, estima que se necesitan más de S/3 000 millones para mitigar estos daños. Sin embargo, el problema sigue creciendo, con nuevos focos de contaminación que se suman a la ya larga lista de pasivos ambientales en el país. 

La huella de los hidrocarburos

De acuerdo a un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Perú hay un total de 3 256 pasivos de hidrocarburos. Estos se clasifican según su nivel de riesgo de la siguiente manera: 167 de alto riesgo, 1 954 de riesgo medio y 1 135 de bajo riesgo. La mayoría de los pasivos petroleros se localizan en las regiones de Loreto, Piura y Tumbes, dejando tras de sí tierras y aguas contaminadas que aún no han sido remediadas.

Además, se deben considerar los 188 sitios impactados en Loreto, identificados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Estos sitios son áreas que han sufrido daños significativos debido a derrames o fugas de petróleo y otros contaminantes, afectando directamente el suelo, las fuentes de agua y los ecosistemas circundantes. De estos, más de 40 están ubicados en 20 comunidades indígenas de Loreto, Amazonas, Ucayali y Pasco, donde la contaminación sigue poniendo en riesgo la salud de las personas y el equilibrio ambiental.

Amazonía: crisis ambiental por pasivos de hidrocarburos y derrames

La Amazonía también enfrenta consecuencias por la actividad hidrocarburífera, liderada por Loreto con 14 pasivos ambientales, seguida de Pasco (5), Ucayali (5) y Amazonas (2). Cabe destacar que desde el inicio del registro oficial de emergencias ambientales en 1997, se han contabilizado 1 462 contingencias hasta mayo de 2023, de las cuales 1 460 son derrames y fugas, con 831 de estos (57%) ocurridos en territorios indígenas de la selva peruana.

Loreto concentra la mayoría de los derrames, con 707 eventos, seguida de Piura con 566, sumando un total de 1 273 derrames que representan el 87.07% del total nacional. El lote 8 en Loreto, operativo durante cinco décadas, es un importante foco de contaminación. Tras la salida de Pluspetrol en 2021, las comunidades urarinas, achuar y kukama siguen enfrentando residuos y daños ambientales, acumulando 73 procesos sancionadores y multas que superan los 47 millones de dólares.

Remediación de pasivos ambientales

El Minem destinó más de S/119 millones en 2024 para la remediación de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos. De este monto, S/80 millones se asignan a 13 pasivos mineros prioritarios y S/30 millones a la contaminación petrolera, principalmente en Piura, Tumbes y Loreto. Sin embargo, esta inversión no es suficiente para abordar la magnitud del problema, que según el Ministerio de Salud expone a más de 10 millones de personas a metales pesados y otros contaminantes.

Asimismo, el ritmo sigue siendo insuficiente frente a la velocidad con la que se acumulan nuevos pasivos. Entre 2021 y 2023, la OEFA registró 326 áreas contaminadas en el sector petrolero, muchas de ellas previamente no documentadas. La situación es especialmente crítica en Loreto, donde al menos 43 impactos petroleros afectan a 20 comunidades indígenas, colocando en peligro sus recursos naturales y medios de vida, y dañando gravemente zonas pesqueras y agrícolas.

La larga espera

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) confirmó que comenzaría la remediación en la comunidad indígena de José Olaya, situada en el Lote 192, tras casi una década de espera. Este proceso, con un valor de S/10 millones, marcaría la primera intervención estatal en una comunidad indígena. Aunque se anunció que la remediación iniciaría a principios de año, no ha habido avances, y otras 46 comunidades quechuas, achuar, shuar, kukamas y urarinas siguen esperando la limpieza de sus tierras.

Sin embargo, mientras el gobierno se compromete a limpiar los desechos tóxicos, también está en proceso de adjudicar más de 30 lotes con potencial de exploración en el país, de los cuales 25 están ubicados en las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Perupetro ya inició el proceso de convocatoria para adjudicar los lotes petroleros I y VI, con la expectativa de otorgar la buena pro en febrero de 2025. 

Durante los últimos años, han sido las mismas comunidades las que han tenido que asumir la tarea de subsanar los daños causados por el crudo. Líderes y lideresas indígenas han sido incluso criminalizados por oponerse al mal manejo de estas actividades extractivas. En la medida en que el país no logre controlar y revertir el daño causado por décadas de explotación indiscriminada, tanto la Amazonía como otras regiones seguirán sufriendo las consecuencias de una deuda ambiental que parece no tener fin.

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