La Contraloría General de la República detectó más de 400 alertas críticas que evidencian diversos riesgos en procesos electorales 2026 dentro del territorio peruano. Los auditores del máximo organismo de control examinaron minuciosamente un total de 44 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desplegadas en toda la nación. Esta fiscalización masiva busca proteger el derecho al voto de más de 15 millones de ciudadanos convocados para los comicios del domingo 12 de abril.
El equipo técnico de la Contraloría emitió exactamente 172 informes de control simultáneo hasta la fecha de corte del pasado 20 de marzo. Dichos documentos oficiales notificaron directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre deficiencias graves en la implementación de las sedes operativas descentralizadas. Las autoridades deben adoptar medidas correctivas urgentes para asegurar la transparencia absoluta y la eficiencia logística durante la jornada de votación nacional entrante.
Los especialistas identificaron 250 situaciones adversas relacionadas específicamente con el acondicionamiento físico de los locales destinados a las funciones de las mencionadas ODPE. Un hallazgo alarmante revela que el 88.6 % de las oficinas examinadas carece de accesos adecuados para los ciudadanos que presentan alguna discapacidad física. Además, 31 sedes regionales no cuentan actualmente con el mobiliario básico ni con los equipos informáticos necesarios para realizar sus labores administrativas diarias.
La seguridad de los materiales electorales también preocupa a los auditores porque detectaron almacenes vulnerables en 23 oficinas descentralizadas en diferentes regiones. Quince locales alquilados por la institución electoral ni siquiera poseen paredes de material noble para delimitar correctamente las áreas que el Estado contrató. Esta falta de infraestructura adecuada pone en peligro inminente la integridad de los bienes públicos y los equipos tecnológicos asignados para la votación.
Riesgos en procesos electorales 2026 y fallas logísticas
Respecto al capital humano, la Contraloría comunicó 57 riesgos específicos sobre la contratación de personal encargado de gestionar los procesos en las regiones. Las investigaciones confirmaron que trabajadores en 16 sedes descentralizadas incumplen sus funciones legales según lo registrado en sus propios informes de actividades mensuales. Nueve oficinas contrataron empleados que no acreditaron la experiencia laboral mínima exigida ni la capacitación técnica requerida para ocupar tales puestos de responsabilidad.
La supervisión de los centros de cómputo arrojó 105 situaciones adversas adicionales que comprometen la fiabilidad del procesamiento electrónico de las actas de votación. Doce sedes operativas presentan equipos informáticos que carecen de las licencias de software necesarias o tienen programas obligatorios sin la instalación técnica correspondiente. Igualmente, ocho oficinas mantienen grupos electrógenos de emergencia expuestos a la intemperie, lo cual representa una amenaza directa para la continuidad del fluido eléctrico.
Finalmente, el organismo de control detectó 49 fallas en la capacitación de los actores electorales y el almacenamiento deficiente de los materiales pedagógicos necesarios. Veinte sedes guardan estos materiales en condiciones inadecuadas, mientras que en tres locales existe un control nulo sobre los equipos tecnológicos distribuidos previamente. La Contraloría continuará vigilando el despliegue del material electoral hacia los locales de votación para informar oportunamente cualquier incidencia relevante a la opinión.
