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Perú aprueba reglamento para proteger y gestionar sus humedales: Alcances y medidas clave

Fecha de publicación

El 19 de enero, el Ministerio del Ambiente (Minam) oficializó el reglamento de la Ley N.º 32099 mediante el Decreto Supremo N.º 002-2025-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano. 

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Esta normativa establece un marco para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en todo el territorio peruano. Según el documento, el objetivo central es garantizar una gestión integral y articulada de estos ecosistemas, los cuales son esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos y la biodiversidad. 

Los humedales, definidos en el reglamento como áreas cubiertas o saturadas de agua, incluyen manglares, turberas, bofedales y lagos. ¿Sabías que estas áreas son refugios para especies únicas de flora y fauna y cumplen funciones clave como la regulación hídrica, la mitigación de inundaciones y el almacenamiento de carbono? A pesar de su importancia, estos ecosistemas son extremadamente frágiles y enfrentan constantes amenazas. 

En Lima, los Pantanos de Villa han sufrido una degradación debido a la expansión urbana descontrolada, la construcción de infraestructuras y las actividades informales. Por otro lado, en Puerto Viejo, la ciudadanía ha librado una lucha constante contra la urbanización que pone en riesgo su principal humedal. Ante esta situación, ¿cuáles son los alcances del nuevo reglamento?. En Inforegión, te lo explicamos.

Responsabilidades para los tres niveles de gobierno

Una de las características más destacadas del reglamento es la asignación de funciones específicas a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

El Minam asume el rol de autoridad técnica principal encargada de emitir lineamientos normativos, elaborar el Inventario Nacional de Humedales y coordinar las acciones necesarias para la conservación de estos ecosistemas. También asume el rol de Autoridad Administrativa de la Convención Ramsar.

El objetivo central es garantizar una gestión integral y articulada de estos ecosistemas, los cuales son esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos y la biodiversidad. (Foto: Andina)
 

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A nivel regional, los gobiernos tendrán la tarea de elaborar Planes de Gestión Integral de Humedales con los gobiernos locales, que deben ser aprobados con asistencia técnica del Minam. 

Estos planes tendrán una vigencia de cinco años e incluirán metas concretas para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Los gobiernos locales, por su parte, serán responsables de incorporar los humedales en sus planes de ordenamiento territorial y ejecutar iniciativas de conservación dentro de sus jurisdicciones. 

Además, el reglamento incluye la creación de un Comité Nacional de Humedales, encargado de articular las acciones relacionadas con estos ecosistemas y con la Convención Ramsar.

Medidas para la recuperación de humedales

La recuperación de humedales degradados se posiciona como uno de los retos prioritarios en la implementación del reglamento. Según el artículo 34, las acciones de recuperación incluirán proyectos de rehabilitación que restauren la estructura, función y biodiversidad de los ecosistemas afectados. 

Además, se subraya la importancia de reducir factores de presión, como la contaminación, la quema de vegetación y la expansión urbana descontrolada. En esta línea, se prohíbe expresamente la extracción de turba con fines comerciales, así como la destrucción de la cobertura vegetal en turberas, dado su papel importante en la mitigación del cambio climático.

Instrumentos para la conservación y uso sostenible

Entre los instrumentos clave establecidos en el reglamento se encuentra el Inventario Nacional de Humedales, que generará información sobre la ubicación, extensión y características de estos ecosistemas, con el fin de tener una mejor planificación de su gestión. 

Este inventario será elaborado y actualizado por el Minam en coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, el reglamento prioriza la delimitación de humedales, fajas marginales y zonas de amortiguamiento. 

Estas últimas son áreas adyacentes, es decir, áreas alrededor, que protegen la integridad ecológica del humedal y deben ser establecidas por los gobiernos locales, siguiendo criterios definidos por el Minam.

El reglamento prioriza la delimitación de humedales, fajas marginales y zonas de amortiguamiento. (Foto: Andina)

Prevención y sanción de infracciones

Las infracciones administrativas relacionadas con los humedales están definidas en el reglamento y se enfocan en actividades como la contaminación, el drenaje y la quema de vegetación. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) supervisarán el cumplimiento de las disposiciones y sancionarán las infracciones que afecten estos ecosistemas.

Humedales bajo amenaza

Los humedales peruanos enfrentan múltiples amenazas, entre ellas la contaminación por residuos sólidos y aguas servidas, el cambio de uso del suelo para la agricultura y la expansión urbana, y la presencia de especies invasoras. 

Según el reglamento, estas amenazas agravan la condición de fragilidad de los humedales y ponen en riesgo su funcionalidad y los servicios que proveen. El abogado ambientalista César Ipenza destacó la urgencia de una gestión más efectiva para revertir esta situación. 

“Los humedales, además de ser un gran atractivo y fuente de ingresos, están siendo degradados y contaminados. Es necesario mayor cuidado y responsabilidad de todas las autoridades competentes”, señaló.

Desarrollo sostenible 

Asimismo, con el objetivo de proteger los humedales y fomentar su uso sostenible, el reglamento permite actividades tradicionales de las comunidades locales, siempre y cuando estas no afecten la capacidad de regeneración de los ecosistemas ni alteren sus funciones ecológicas esenciales. 

«Las comunidades campesinas y las comunidades nativas y/o los pueblos indígenas u originarios pueden hacer uso de los recursos naturales de los humedales, ubicados en sus tierras para fines de autoconsumo, subsistencia, usos domésticos, entre otras actividades tradicionales sostenibles, conforme al marco normativo vigente», señala la normativa. 

Finalmente, se fomenta la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en línea con la Ley N.º 30215, para financiar proyectos de conservación y recuperación.  

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

 

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