Más de 71 mil menores de edad han recibido explícitamente propuestas de enviar fotos y videos con contenido sexual vía Internet. Así lo evidencia un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por encargo de CHS Alternativo.

Las plataformas virtuales, como las redes sociales y videojuegos, se han convertido en el campo de reclutamiento usado por redes criminales para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (Esnna). Esto se dio a conocer en Iquitos durante la presentación del documental “La Esnna en tiempos de pandemia”, elaborado por CHS Alternativo con el apoyo del cineasta Alejandro Legaspi y Pan Para el Mundo.

El documental reúne testimonios de niñas, niños y adolescentes de Lima y de Loreto, que relatan situaciones de riesgo de explotación sexual y acoso que vivieron en la pandemia. El material fue expuesto ante más de 120 representantes escolares y autoridades regionales.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, dijo que el documental se realizó tras los resultados de las distintas investigaciones realizadas por la organización. Estas revelan que al menos 800 mil niñas, niños y adolescentes recibieron mensajes con contenido sexual; a 280 mil se les solicitó tener relaciones sexuales en línea; y 573 mil se encontraron presencialmente con una persona desconocida que les contactó por redes sociales.

“Ante estas situaciones, era urgente visibilizar lo que está ocurriendo y que los jóvenes nos cuenten qué está pasando en la virtualidad, porque los adultos asumimos que el hecho de que estén en casa significa que están seguros cuando la evidencia nos está revelando que no es así”, expresó.

No se reglamenta la ley contra la explotación sexual en Internet

En diciembre del 2022, tras el impulso de la congresista Susel Paredes y CHS Alternativo, se aprobó la Ley 31664 que modifica la Ley 30254, “Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes”.

Esta obliga a las empresas de telecomunicaciones a informar a sus usuarios, cada seis meses, sobre la posibilidad de instalar filtros parentales para evitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos o violentos.

Valdés alertó que desde la promulgación de la ley han pasado nueve meses sin que esta se reglamente, pese a que la normatividad peruana establece un plazo máximo de 90 días hábiles para reglamentar las leyes promulgadas.

“La falta de reglamento es un hecho que debe preocuparnos, sobre todo si consideramos que cada 48 horas se detecta un caso de pornografía infantil en el Perú”, dijo.

Además, alertó, que un patrullaje cibernético realizado por la institución evidencia que las organizaciones criminales están usando la necesidad económica urgente de los más jóvenes, así como las oportunidades de estudio y la búsqueda de trabajo, para captarlos con fines de explotación.

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