Una delegación de defensoras y defensores ambientales del Valle de Tambo (Arequipa) llegó a Lima para presentar una medida cautelar ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia. Buscan suspender la autorización de explotación del proyecto minero Tía María, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a la empresa Southern Perú Copper Corporation.

La acción legal apunta directamente contra la Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM, que habilita la fase de explotación de un proyecto cuestionado por su falta de licencia social y por las observaciones ambientales no resueltas. Las comunidades esperan que el recurso se resuelva en un plazo máximo de 30 días hábiles, dada la relevancia del caso y sus antecedentes de represión, criminalización y muertes en la defensa del territorio.

En marzo de 2025, los pobladores ya habían presentado una demanda de amparo para pedir la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la nulidad de la autorización de construcción de la planta de beneficio. Sin embargo, el Poder Judicial aún no emite un pronunciamiento, lo que incrementa la tensión en una zona donde el conflicto minero lleva más de una década sin solución.

Los agricultores del Valle de Tambo insisten en que Tía María pone en riesgo la agricultura, el agua y la salud. Aseguran que la lucha no solo es legal, sino también social, y que se preparan para nuevas movilizaciones pacíficas en el sur del país, en defensa de su territorio y sus recursos naturales.

Voces desde el Valle de Tambo en contra de Tía María

“Dejando nuestras tierras hemos venido a la capital porque nadie nos quiere escuchar. No se nos ha consultado para que la minera Southern siga con el proyecto Tía María, que no tiene licencia social. Están contaminando el agua y dañando la agricultura, la ganadería y la vida misma”, expresó Paulina Bodadilla, defensora del Valle de Tambo.

A su turno, Agripina Páucar recordó que el valle “da de comer al país” y denunció que la empresa “no tiene autorización para usar las tierras ni las aguas del valle”. “Lo único que recibimos del gobierno son policías y militares que vienen a reprimirnos”, señaló.

El vocero Miguel Meza añadió que “frente a la autorización del Estado para reiniciar la explotación de Tía María, el pueblo convocará a movilizaciones pacíficas. Exigimos ser escuchados, no queremos más sangre ni persecución. Defendemos la agricultura, el agua y la vida con dignidad”.

Defensa legal y denuncias de hostigamiento

La Red Muqui y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) asumen la defensa legal del caso. Ambas organizaciones advierten que Tía María opera con un EIA caducado y sin garantías ambientales ni sociales suficientes.

Durante la conferencia de prensa del 22 de octubre, realizada en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se observó la presencia de efectivos de la Policía Nacional tomando fotografías desde los exteriores, un acto que las organizaciones consideran parte del patrón de hostigamiento contra quienes defienden el territorio.

Pese a estos hechos, las y los pobladores reafirmaron su compromiso. “Querrán callarnos, pero no podrán. ¡Agua sí, mina no!”, fue el mensaje con el que cerraron su intervención en Lima.

Mientras tanto, en el Valle de Tambo, el ambiente vuelve a cargarse de tensión. La expectativa por el fallo judicial crece, al igual que el temor de que el proyecto Tía María reavive un conflicto que nunca dejó de arder.

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