El Ministerio del Ambiente (Minam) viene impulsando una propuesta con la que busca reorganizar las áreas con potencial de carbono en la Amazonía. Una iniciativa que pondría en grave riesgo las actividades de cuidado y protección en un millón de hectáreas. Así lo advirtieron a Inforegión actores involucrados en el tema.

La propuesta, elaborada por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del Minam, establece una nueva metodología para estimar el potencial de emisión de créditos de carbono en un área determinada.

Esto significaría una drástica disminución de los ingresos, que miles de productores se autogeneran por la venta de bonos de carbono, ya que el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, ahora sería por cuotas.

Además, el mapa de riesgo de deforestación que elaboró el Minam a partir de esta nueva metodología subestima el riesgo potencial frente a las economías ilegales en la Amazonía. Al respecto, Inforegión solicitó al Minam una entrevista con Milagros Sandoval, directora de la DGCCD, pero, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

¿Cómo funciona el mercado de carbono?

En el Perú, el mercado de carbono no está regulado. Funciona voluntariamente a través de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación). La finalidad es ofrecer una retribución económica que cubra los costos de cuidar los bosques. Por tanto, ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las empresas o individuos de diversos sectores.

Estos esquemas privados de pago son conocidos mundialmente como bonos o créditos de carbono, evaluados a través de estándares internacionales para obtener una certificación. Los bonos de carbono financian el mantenimiento de los bosques, como una forma de compensar las toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que se emite anualmente.

Cada crédito equivale a una tonelada de CO_2, que se evita que vaya a la atmósfera y tiene un precio aproximado de 10 dólares. Así, una hectárea protegida representa alrededor de 500 bonos de carbono, con lo cual los ingresos pueden llegar a ser sustanciales.

Castañeros afectados

Uno de los proyectos REDD+ más representativos es el de los productores de castaña en Madre de Dios. Alrededor de 20 mil familias se benefician directa e indirectamente de esta producción. Aprovechan los ingresos obtenidos de los bonos en sus actividades, en la conservación y en mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Según Jorge Cantuarias, gerente del proyecto REDD+ Castañeros, los créditos de carbono se generan “en la medida que se logra evitar que un bosque se pierda por amenazas como la minería y tala ilegal, la agricultura migratoria, el tráfico de tierras, los cultivos ilícitos, entre otras”.

Este proyecto, iniciado en 2009, involucra a más de 700 socios. Protegen más de 500 mil hectáreas de bosque, en 15 localidades de Madre de Dios, donde existen cerca de 1200 concesionarios de castaña.

Al igual que este, hay otros tres proyectos REDD+ (Jaguar, Tahuamanu y Madre de Dios), que conforman la Asociación Peruana de Carbono (APC). En conjunto, los proyectos de la APC suman un millón de hectáreas que serían impactadas con la propuesta de la DGCC. “Hace seis años, el Minam inició un proceso para regular la generación y comercialización de los créditos. Ahora ha compartido un mapa de riesgo en el que claramente subestima las amenazas que enfrentamos”, sostiene Cantuarias.

Según explica, el Minam solo está considerando un criterio para elaborar dicho mapa: la proximidad de las zonas deforestadas. “¿Pero qué pasa con los otros riesgos? Aunque para el Minam no son importantes, afecta directamente la posibilidad de tener asignaciones de cuotas de créditos de carbono”, cuestiona Cantuarias.

¿De qué trata la propuesta del Minam?

Inforegión pudo conocer que la propuesta elaborada por el Minam consiste en anidar los proyectos REDD+ locales en un programa de alcance nacional. Es decir, adaptarlos a una mayor escala jurisdiccional. Esto con el objetivo de asegurar una contabilidad integrada de las reducciones de emisiones. La finalidad, distribuir “equitativamente” los beneficios (bonos) que se obtenga, a partir de esas reducciones.

El Minam empleó, para ello, una herramienta de la certificadora estadounidense Verra. Esta permite determinar el potencial de carbono del área de cada proyecto, según el riesgo de deforestación y degradación en un área determinada. La herramienta establece también la necesidad de identificar otras causas subyacentes a la deforestación. Entre ellas: las políticas de uso de la tierra, la dinámica socioeconómica, la presión demográfica, los conflictos y los sistemas de propiedad.

Variables para certificar bonos de carbono 

“La distancia de las áreas deforestadas es una variable, pero no es la única”, asegura Jorge Torres, director ejecutivo de Paskay. Una de las empresas que asesora a organizaciones de productores, en el acceso y certificación en el mercado internacional.

“Hay otras variables que esta versión no considera y que en la nueva versión si es posible. Por ejemplo, la tenencia de la tierra: la capacidad de protección es distinta si el área es administrada por una empresa, por el Estado o por una comunidad, porque no tienen los mismos medios para proteger el área. Eso influye en el avance a mayor o menor ritmo de la deforestación”, afirma.

Para Jorge Torres, la inclusión de nuevas variables mejorará la precisión del mapa de riesgo.“Es importante no subestimar el peligro de la pérdida de bosque. Si esto ocurre, la cantidad de bonos va a ser menor y no va a haber suficientes ingresos para enfrentar las amenazas”, sostiene el director de Paskay a Inforegión.

Torres destaca que “Nadie puede negar que la anidación es un proceso necesario para mejorar la credibilidad de los proyectos REDD. Sin embargo, hubiera sido importante que ésta se hubiera presentado en el marco de una estrategia financiera integral, por ejemplo, permitiendo acceder a mercados con mejores precios como los mercados regulados. Ello ayudaría a compensar la caída en el volumen de certificados. No debemos olvidar que, si los proyectos no son financieramente viables, no podrán continuar realizando las inversiones necesarias para generar las reducciones de emisiones de GEI”

Bonos se reducen hasta en un 90%

Eduardo Galindo, director de proyectos REDD+ de Bosques Amazónicos, considera que el impacto de la propuesta del Minam disminuiría drásticamente el valor de los proyectos en curso. “Este proceso va tomando siete años y aún no acaba. El Minam pretende reducir la cantidad de créditos de bonos, en algunos casos hasta en un 85 o 90%”, lamenta.

Según la proyección del Minam, en el caso de los cuatro proyectos REDD+ mencionados anteriormente, que en conjunto sumaban un potencial equivalente a más de 7,85 millones de toneladas de CO₂. Con la propuesta del ministerio, les correspondería cuotas que apenas superan las 832 mil toneladas.

La Federación Departamental de Productores de Castaña de Madre de Dios (Feprocamd) advirtió, a través de un comunicado que la propuesta del Minam representa una “amenaza” para las familias castañeras de esa región. Así, también para la conservación de los bosques, al “desfigurar” la realidad de la deforestación y la degradación forestal en la Amazonía.

Según el comunicado, la medida generaría una “drástica disminución en la generación de bonos de carbono”. Esto, a su vez, reduciría en una sexta parte los ingresos que perciben las familias castañeras por esa labor. La Feprocamd también advirtió que este proceso de anidación “se caracteriza por su nula transparencia, comprobada ineficiencia, poco nivel técnico y uso de metodologías que no se ajustan a la realidad”.

Diálogo y sostenibilidad

Para el presidente de la Feprocamd, Juan Carlos Grifa, no ha habido un adecuado proceso de diálogo y socialización de la propuesta del Minam. “Desde que presido la Federación, hace dos años y medio, hemos tenido reuniones con técnicos y funcionarios de la DGCC, pero lamentablemente ellos no se pronuncian, guardan silencio ante nuestros reclamos y preocupaciones. No hay una mesa de trabajo, solo nos escuchan, pero no nos responden”.

Grifa considera que los proyectos REDD+ garantizan la sostenibilidad de conservar los bosques, en un contexto en el que el valor de los bonos de carbono va en aumento. “A nosotros el Minam nos pide que conservemos los bosques, pero no nos da ni un sol. Si ahora nos quita la sostenibilidad económica, nuestros bosques van a quedar a merced de las economías ilegales y podrían llegar a ser depredados. Los bosques presentan amenazas y ante las amenazas se necesita inversión”, asegura.

Retrasos y conflictos 

Solo en 2021, los socios del proyecto REDD+ Castañeros (en aquel momento, alrededor de 400) recibieron S/ 29,500 cada uno, por el concepto de utilidades de la venta de créditos de carbono. De acuerdo con el presidente de la Feprocamd, entre 2022 y 2023, los ingresos ascendieron a S/ 60 mil, con tendencia a seguir en aumento. “Esto es lo que nos sostiene ahora, porque el precio de la castaña está bajo”, finaliza Grifa.

La Asociación Peruana de Carbono (APC) envió una carta al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, el 8 de marzo manifestando su preocupación y solicitando una reunión técnica. Asimismo, cuestiona que hasta el momento no se haya establecido el nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) nacional. También que se demore la aprobación del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI).

Por lo pronto, no ha habido respuesta, pero los productores locales están dispuestos a salir a las calles para manifestar esta preocupación. Mientras en el Consejo Regional de Madre de Dios hay un pedido en curso, para que se declare persona non grata en esta región a la directora de la DGCC, Milagros Sandoval.

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