Desde la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, tres organizaciones indígenas: la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra (GTANCH) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), emitieron una carta pública dirigida al Gobierno peruano y a Petroperú. En ella, expresan su rotunda oposición al anunciado proyecto de interconexión del Oleoducto Norperuano con bloques petroleros en Ecuador.

Recordemos que esta propuesta fue mencionada por la presidenta Dina Boluarte durante su reciente mensaje a la Nación y ratificada por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, las organizaciones denuncian que el anuncio se realizó sin consultarles y vulnera sus derechos fundamentales.

“Este proyecto no ha sido consultado con nuestros pueblos ni cuenta con su consentimiento previo, libre e informado”, afirman en la misiva, recordando que el Estado peruano está obligado a respetar el Convenio 169 de la OIT y otras normativas nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas como es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley N.º 29785 del Estado peruano.

Oleoducto: una amenaza que se agrava

Los firmantes advierten que el Oleoducto Norperuano ya genera impactos ambientales severos y constantes en sus territorios. Por ello, rechazan cualquier intento de ampliar su capacidad operativa.

“Con su capacidad actual, dicho ducto ya genera un promedio de 146 derrames al año”, alertan.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra es uno de los firmantes. (Foto: Nación Chapra)

Según sostienen, ni Petroperú ni el Estado han garantizado condiciones mínimas de seguridad ambiental, lo que ha llevado a sus comunidades a vivir entre aguas contaminadas y fuentes de alimento deterioradas. En ese escenario, consideran que el plan para interconectar el oleoducto con campos petroleros ecuatorianos agrava aún más el riesgo, no solo para sus pueblos, sino para todo el ecosistema amazónico.

“Anunciar que el oleoducto triplicará su capacidad operativa es una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para nosotros y para toda la Amazonía”, aseguran.

Exigen respeto y reparación

La carta también denuncia la deuda histórica del Estado y de las empresas petroleras con las comunidades indígenas. Recuerdan que llevan más de cinco décadas sufriendo los efectos de la contaminación, sin que se les haya consultado ni compensado de forma adecuada.

En particular, señalan su rechazo al proyecto del Lote 64, el cual, según advierten, tampoco ha pasado por un proceso de consulta previa y enfrenta una oposición firme de sus organizaciones. Además, lanzan una advertencia a posibles inversionistas:

“Estas inversiones carecerán de seguridad jurídica, pues nacen violando nuestros derechos. Más temprano que tarde, estas deudas deberán saldarse y las operaciones ilegítimas serán anuladas.”

También acusan a Petroperú de estar detrás de este proyecto como parte de una estrategia para justificar la millonaria inversión en la Refinería de Talara, a costa de agravar la contaminación en diversas regiones del país.

Peces muertos debido a la contaminación de petróleo por derrame ocurrido en el Oleoducto Norperuano. (Foto: Lizardo Vásquez)

Solidaridad con pueblos indígenas de Ecuador

Las organizaciones indígenas también expresaron su solidaridad con los pueblos del centro-sur de la Amazonía ecuatoriana que enfrentan una situación similar debido a la llamada “Ronda Suroriente”, impulsada impulsada por el presidente Daniel Noboa y Petroecuador. Cabe precisar que recientemente y, a través del Decreto Ejecutivo N° 60, Noboa ordenó la eliminación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que ahora será fusionado con el Ministerio de Energía y Minas.

Finalmente, hicieron un llamado a toda la ciudadanía y al ámbito internacional a no guardar silencio. El pronunciamiento reitera que los pueblos indígenas amazónicos exigen que se respete su territorio, su cultura y el ambiente en el que viven.Insisten en que todo proyecto en sus tierras debe consultárseles y contar con su consentimiento, como lo demanda la legislación.

*Hace un mes, el pueblo Wampís denunció un ataque armado tras realizar un operativo contra la minería ilegal. Los atacaron con explosivos y armas de largo alcance mientras navegaban río arriba, a la altura de la comunidad de Fortaleza, en el río Santiago. Conoce más aquí.

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