“Para nosotros el territorio es sagrado, es nuestra vida, porque un chapra sin territorio no tiene vida, es un chapra muerto. Nosotros siempre decimos así y en nombre del territorio damos la vida”, dice Olivia Bisa, la primera mujer presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, al empezar su explicación de lo que significan los gobiernos territoriales autónomos para los pueblos indígenas en Perú.

Así, la lideresa explica por qué los pueblos indígenas amazónicos apuestan por la autogestión al establecer sus gobiernos autónomos. En su relato a Mongabay Latam, Bisa recuerda cómo fueron los tiempos de la balata o caucho y del cuero, cuando personas de otros lugares llegaban hasta los territorios indígenas para extraer los recursos naturales y se instalaban las misiones religiosas y los lingüistas evangélicos.

Pero el punto de quiebre para repensar en una gobernanza territorial propia, dice Bisa, llegó cuando se instaló el lote petrolero 64 en los territorios originarios de la región Loreto. En ese momento, aclara Bisa, la organización indígena se vio debilitada principalmente porque los territorios habían sido organizados en comunidades, es decir, de manera fragmentada, en lugar de estar consolidados en un territorio único que reúna a todos los habitantes del mismo pueblo indígena, en este caso, del pueblo chapra.

“En ese momento, nosotros, muy preocupados, empezamos a visionar con nuestros sabios, a conversar qué podíamos hacer, porque la fuerza política indígena se estaba desbaratando, no había un control territorial. No te imaginas todos los impactos negativos que han pasado desde el momento en que llegó la empresa petrolera”, dice Bisa, recordando cómo fue surgiendo en la Nación Chapra, y en otros pueblos indígenas de la Amazonía norte de Perú, la idea de retomar el manejo de sus territorios.

“Es ahí donde nuestros sabios dijeron: ‘¿Por qué nosotros nos estamos desviando con las ideologías y estrategias occidentales? ¿Por qué nuevamente no retomamos nuestro control territorial?’ Y es así que nace el gobierno territorial”, puntualiza la lideresa Chapra.

En Perú, 15 naciones originarias de la Amazonía han establecido sus autonomías o están en proceso de hacerlo. Los primeros pasos surgieron en la Amazonía norte, en los pueblos wampís, awajun, chapra, achuar, kichwa o inka del Pastaza, kandozi, shawi, kukama kukamiria y shiwilo. De ellos, el primero en declarar su autodeterminación fue el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, en 2015, con Wrays Pérez como líder de este movimiento.

No han sido los únicos. En la Amazonía sur también han decidido por la autodeterminación y la autogestión. Los pueblos harakbut, ese eja, matsigenka y yine están en ese camino, aunque con diferencias en las figuras legales. En la selva central se ha establecido el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox) y en el noreste, en el límite con Brasil, la Comunidad Nativa Matsés también ha apostado por la autodeterminación.

De comunidades a gobiernos territoriales

George Cuñachi, coordinador del Programa Territorio de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), explica que los gobiernos territoriales autónomos son un modelo de organización y de gestión territorial.

“Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana nororiental tienen el propósito de unificar o consolidar su desarrollo a través de la unidad como pueblo o nacionalidad, bajo el amparo del Convenio 169 [Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes] y de la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”, afirma.

Cuñachi asegura que con los gobiernos territoriales autónomos lo que se busca es retornar “al modelo habitual” que los pueblos indígenas siempre han tenido “para ejercer la  administración y la gobernanza de sus territorio”. Un modelo que tuvo cambios con las normas y la legislación que elaboraron los diferentes gobiernos de Perú a lo largo de la historia.

Una de ellas ha sido la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, aprobada en 1978, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. A través de esta norma, el Estado reconoció la existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades nativas.

Mediante esa norma, se definió cómo se establecen y quiénes son miembros de ellas, además de garantizar “la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas” y establecer la creación de un catastro de las mismas, así como el otorgamiento de títulos de propiedad. También se estableció la propiedad territorial de las comunidades nativas como “inalienable, imprescriptible e inembargable».

Esta configuración del territorio amazónico en comunidades nativas es lo que ha llevado, según varios de los entrevistados por Mongabay Latam, a la fragmentación del territorio ancestral de los pueblos originarios, que ahora buscan restablecer su unidad bajo la figura de gobiernos territoriales autónomos, naciones indígenas o autonomías indígenas, entre otras denominaciones que tienen en Perú y en otros países de Latinoamérica.

Elaine Shajian, elegida en diciembre de 2024 como la primera presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), explica por qué la figura de comunidades nativas ha dividido a los territorios indígenas.

“Los pueblos indígenas estamos reconocidos como comunidades nativas y los títulos [de propiedad] dejan, a veces, espacios libres”. Cuando se refiere a espacios libres, la lideresa awajún precisa que la división actual en  comunidades deja partes del territorio en manos del Estado, a pesar de ser parte del territorio ancestral de un pueblo indígena que habita en varias comunidades. Si lo imaginamos en un mapa, sería como ver parches dentro de un territorio continuo y cada uno de esos parches corresponde a una comunidad.

Shajian también habla de las dificultades para los pueblos indígenas cuando deben negociar con empresas o personas dedicadas a actividades extractivas, como los madereros. Cada comunidad tiene su espacio territorial y es autónoma sobre este espacio, pero al momento de negociar lo hacen de manera independiente y no de manera conjunta, con todas las comunidades que forman parte de ese pueblo y ese territorio. “A raíz de esta mirada, los pueblos indígenas de la provincia de Marañón y Alto Amazonas, bases de Corpi, pensaron en una gestión territorial integral”, aclara.

Para los pueblos indígenas el territorio integral tiene un sentido amplio. “Venimos trabajando arduamente en temas de gobernanza territorial e integral desde el respeto por la naturaleza, desde las memorias ancestrales, la justicia propia y el buen vivir”, comenta Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún. “Tratamos de que sea un medio ambiente saludable a pesar de los atentados que se nos vienen desde el Estado que promueve normas como la ley anti forestal, extractivismos y, sobre todo, las economías ilegales”, afirma.

El respaldo internacional

Eduardo Pichilingue, coordinador en Perú de la Iniciativa Cuencas Sagradas, aclara que al decir territorios integrales se refieren no únicamente a las comunidades nativas, como lo establece la legislación peruana, sino a todo el territorio que incluye a todas las comunidades que pertenecen a un mismo pueblo.

“Están luchando desde hace muchos años por el reconocimiento como nación indígena, como nacionalidad indígena, como pueblo indígena, o como queramos llamarlas, que tiene una cultura y un territorio ancestral, que es un territorio continuo en el que se han desarrollado sus vidas desde muchas generaciones atrás”, comenta Pichilingue.

En ese camino, dice el coordinador de Cuencas Sagradas, los pueblos indígenas de la Amazonía norte solicitan su reconocimiento jurídico. “Es un paso que tiene que darlo el Legislativo, en el sentido de crear el marco jurídico que reconozca dentro del Estado peruano a estos pueblos indígenas” con personería jurídica, es decir, con derechos y obligaciones, y que además puedan ejercer su autonomía, autogobierno y proteger sus tierras y cultura de manera legal.

“Perú está en la retaguardia de los avances en temas de derechos colectivos en general, pero en derechos indígenas estamos muy atrasados, en otros países ya se reconocen territorios integrales”, aclara Pichilingue.

Sin embargo, pese a que aún no se ha concretado ese reconocimiento en la legislación, la decisión de los pueblos que han adoptado su autogobierno y su autodeterminación se sustenta en los convenios internacionales firmados por Perú, como el mencionado Convenio 169, en el que se especifica que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen  derecho a la autonomía o al autogobierno en  las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.

La lideresa awajún Matut Impi señala que “debemos ejercer nuestro gobierno basándonos en nuestros propios principios, valores culturales, estructuras organizativas, nuestra cosmovisión”.

Elaine Shajian coincide con Impi pero aclara que no se trata de construir un Estado paralelo, sino una gobernanza propia, con mayor jerarquía para poder administrar dentro de sus territorios. “El sueño de nosotros es eso, tener esta gobernanza, que el Estado reconozca nuestra propia gobernanza y que nosotros administremos nuestra propia justicia, nuestras propias instituciones dentro de nuestro territorio y así poder también ordenarnos como pueblos indígenas”.

En ese camino, los gobiernos territoriales ya establecidos han elegido su asamblea de representantes así como un gobierno representativo central. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, por ejemplo, cuenta con 105 asambleístas provenientes de todas las comunidades nativas que pertenecen a este pueblo.

Matut Impi explica cómo funciona la gobernanza en el Gobierno Territorial Autónomo Awajún. En primer lugar, dice, como base del gobierno territorial están las comunidades. En un segundo nivel del gobierno están los sectores territoriales, en este caso son 19, ubicados en los cuatro departamentos donde hay población awajún. En esta instancia se eligen a los asambleístas, dos por sector. El tercer nivel corresponde al gobierno central, con el Pamuk —presidente—, Gil Inoach Shawit, y la Waisam —vicepresidenta— Matut Micaela Impi Ismiño.

Los gobiernos territoriales también establecen sus propios estatutos, una serie de artículos que rigen a la población. En el estatuto se establecen los objetivos, los deberes y derechos, las normas con relación al territorio, la zonificación territorial, entre otros temas de autogestión y autogobernanza.

Aunque actualmente no existe ningún proyecto de ley en el Congreso de la República encaminado para el reconocimiento integral de los pueblos indígenas que les otorgue el reconocimiento jurídico que solicitan, en el pasado sí hubo intentos, pero éstos fueron archivados.

En noviembre de 2020 —durante la presidencia de Francisco Sagasti— el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad presentó un proyecto de ley de Reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios, y pueblos afroperuanos en el que se menciona que “el Estado reconoce la existencia legal y el derecho intrínseco a la personalidad jurídica de los pueblos, y promueve el ejercicio pleno de sus derechos colectivos”.

Para octubre de 2021 —en el actual Congreso que inició sus funciones en julio de 2021— se acordó actualizar el proyecto y en una nueva versión se incluyó la creación de un registro de pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos. En noviembre de 2022 la moción pasó a formar parte de la agenda del Pleno del Congreso, pero no ha sido debatida.

En 2017, además, el Gobierno Regional de Loreto, en la Amazonía, aprobó una ordenanza regional en la que “reconoce que en la Región Loreto habitan pueblos originarios e indígenas, que utilizan denominaciones como: ‘pueblos indígenas’, ‘pueblos originarios’, ‘comunidades campesinas’, ‘comunidades nativas’, ‘rondas campesinas’, ‘pueblos ancestrales’, entre otros, cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 1° del Convenio 169 de la OIT”.

En la misma ordenanza se reconoce “la personalidad jurídica de aquellos ‘pueblos originarios’, ‘pueblos indígenas’ que, en ejercicio de su libre determinación, quieren ser reconocidos como tales” y determina que dicha personalidad jurídica resulta ser similar a la naturaleza de «Ser Humano». Es decir, como indica el Tribunal Constitucional, se es persona por el hecho de existir, siendo este reconocimiento “un acto declarativo y no constitutivo”.

Varios de los entrevistados coincidieron en señalar que esta ordenanza fue cuestionada por el Ministerio de Cultura, ente rector de los pueblos indígenas en Perú. Mongabay Latam preguntó a este organismo las razones de este cuestionamiento, sin embargo, el Ministerio señaló que no se pronunciaría sobre el tema.

El reconocimiento de los territorios

Aunque la autogobernanza y la autodeterminación en los pueblos indígenas tanto del norte como del sur del país tienen los mismos principios, existe una diferencia en cuanto al reconocimiento bajo la legislación peruana. En el caso de los pueblos del sur, los harakbut, los ese eja, los matsigenka se han constituido legalmente como asociaciones civiles.

Esta decisión les da mayor libertad financiera, afirma Dhaynee Orbegozo, representante de Tenure Facility en Perú, organización que trabaja con los pueblos indígenas y las comunidades locales para promover sus derechos territoriales comunitarios. De esta forma, continúa Orbegozo en referencia a los pueblos indígenas del sur, pueden recibir fondos de la cooperación internacional directamente, firmar convenios con el Estado, entre otras acciones.

“Están tratando de reforzar su identidad cultural, también el vínculo entre los sabios mayores y los jóvenes. Vienen haciendo mapeos de sus territorios hace años con el apoyo de diferentes organizaciones y también proyectos productivos. El tema es largo”, sostiene Orbegozo.

Antonio Iviche, facilitador indígena del pueblo harakbut asegura que el haberse constituido como asociaciones es “una medida transitoria” debido a que las organizaciones aliadas que los apoyan les han solicitado contar con personería jurídica para abrir cuentas bancarias propias. “Hemos recurrido transitoriamente a la inscripción como asociación, por la necesidad de recibir fondos, para seguir avanzando”, asegura el líder indígena harakbut.

“La autonomía indígena responde a un derecho de justicia, porque el gobierno peruano, con sus leyes, lo que han hecho es fraccionar a los pueblos y convertirnos en comunidades nativas. La propuesta de la nación es reivindicar que el Estado reconozca eso”, agrega Iviche.

En el sur de Perú, la nación que más ha avanzado en su proceso de autonomía es el pueblo harakbut, asegura Iviche. “Hemos hecho la cartografía de autoidentificación de 3 millones de hectáreas que pertenecen al pueblo harakbut, pero el gobierno solo ha reconocido, a través de 12 comunidades, alrededor de 290 000 hectáreas. Por eso decía que se trata de una demanda de justicia y de derecho”.

La lideresa indígena de Corpi, Elaine Shajian, explica que los pueblos indígenas, con apoyo de instituciones aliadas, han realizado estudios antropológicos, jurídicos, cartográficos y planes de vida para cada pueblo. “Es una zonificación territorial autónoma desde el pueblo indígena, porque el Estado peruano tiene un diseño que no recoge nuestra realidad», dice.

«Nosotros conocemos como pueblos indígenas dónde está nuestro lugar de espiritualidad, dónde está la zona de caza, dónde están las plantas medicinales, la zona de pesca, conocemos muy bien todo eso porque el bosque, el territorio, es nuestra casa desde antes de la colonia y antes de la existencia del Estado peruano”, agrega.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís cuenta con su propio estatuto compuesto por 91 artículos, visible en su sitio web. En la introducción de este estatuto señalan: “Los actuales Wampís somos los descendientes del milenario pueblo Wampís, que siempre existió en estas mismas tierras bañadas por los ríos Kanus [Santiago] y Kankaim [Morona]”.

Del mismo modo, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún presenta en su sitio web su estatuto constitutivo con 120 artículos. En el documento destaca que el pueblo Awajún busca una perpetua existencia que se traduce en sus manifestaciones culturales y expresiones lingüísticas propias, con la misma importancia que se distinguen todas las culturas del mundo.

La mayoría de los gobiernos territoriales declarados hasta el momento han realizado sus estudios antropológicos, del territorio, de los lugares ancestrales y han elaborado o están en proceso de presentar sus estatutos constitutivos.

La lideresa chapra Olivia Bisa cuenta que cuando realizaron el reconocimiento y zonificación de todo el territorio chapra, se identificaron los sitios dónde realizar un encuentro con los espíritus del monte y del agua, dónde tener aprovechamiento de los recursos, dónde sacar los materiales para hacer sus viviendas, dónde hacer la chacra para poder sostenerse y alimentarse, dónde hacer sus canoas, dónde pescar y dónde es un sitio sagrado al que solo sus sabios pueden ingresar.

Los gobiernos territoriales autónomos en Perú están aún en proceso de conformación, con algunos pueblos indígenas, como el Wampís que lleva diez años de establecido, mientras que otros apenas han empezado a trabajar en su creación. Sin embargo, más allá de las diferencias en sus procesos, en el centro de los gobiernos territoriales está la mirada de los pueblos indígenas para gobernar de manera autónoma sus territorios y respetar su identidad cultural.

* Informe especial publicado originalmente en Mongabay Latam.