El jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, John Nilton Ccama Lipa, alertó sobre un preocupante incremento de actos delictivos en sectores estratégicos del norte puneño, especialmente en áreas asociadas a la minería informal. Según informó, se ha identificado la creación irregular de comunidades campesinas que estarían siendo utilizadas como estrategia para encubrir actividades extractivas ilegales.

“Se ha tomado conocimiento de que se están constituyendo nuevas comunidades campesinas con el propósito de facilitar el desarrollo de minería informal, lo cual representa un riesgo grave para el orden territorial y el medio ambiente”, señaló Ccama. En ese sentido, precisó que ya se ha solicitado una investigación para determinar los responsables y posibles implicancias de funcionarios públicos.

Una de las zonas más críticas es el distrito de San Gabán, donde los asaltos y delitos han aumentado alarmantemente en los últimos días. El funcionario expresó su preocupación por la falta de presencia policial, lo que se habría agravado por la negativa de algunos actores locales a permitir la instalación de una comisaría.

“La Policía Nacional del Perú informó que las rondas campesinas impidieron la instalación de una comisaría en San Gabán. Esta situación es sumamente preocupante porque deja a la población en situación de vulnerabilidad”, sostuvo.

Frente a ello, Ccama exhortó a las rondas campesinas a colaborar con las autoridades policiales en el combate contra la delincuencia. “Es importante que estas organizaciones se articulen con la PNP para sumar esfuerzos y reducir los niveles de inseguridad que afectan a estas zonas”, agregó.

En respuesta al incremento de hechos delictivos, el Gobierno Regional de Puno informó que se han reforzado los operativos de seguridad y se ha incrementado el número de efectivos policiales en los puntos más críticos del altiplano. Las acciones se concentran en distritos como San Antonio de Putina, Ananea, La Rinconada y Juliaca, considerados de alto riesgo en el plan regional de seguridad ciudadana.

“Ya se han desplegado más agentes y se están realizando intervenciones focalizadas. La estrategia busca recuperar el control territorial en áreas donde la minería ilegal ha generado graves conflictos sociales y ambientales”, finalizó Ccama Lipa.

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