Las autoridades originarias de las 13 provincias de Puno rechazaron categóricamente la presencia del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, durante el Encuentro Regional de Comunidades Campesinas realizado en el Teatro Municipal de la ciudad altiplánica.
Los representantes de las comunidades quechuas, aymaras y urus denunciaron haber sido convocados con engaños, alegando que se les informó sobre una capacitación sobre normativas sin mencionar la participación del funcionario nacional en el evento programado.
El Consejo de Autoridades Originarias exigió la salida inmediata de Gutiérrez Cóndor del recinto, calificándolo como «defensor de un sistema asesino» y cómplice del gobierno de Dina Boluarte por su silencio ante las muertes registradas.
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Acusan omisión ante asesinatos
Una autoridad originaria manifestó su indignación: «Qué ha hecho por las víctimas?» Se ha archivado en el Congreso a la señora Dina. No pueden procesarlo. Este Congreso, cuestionando la inacción del Defensor ante los casos de violencia estatal.
Los dirigentes recordaron los asesinatos en Juliaca, Ilave, Ayacucho y Macusani, señalando que la Defensoría del Pueblo no se pronunció sobre estos hechos que afectaron gravemente a las comunidades originarias de la región sur del país.
«Nosotros no hemos invitado en ningún momento, las comunidades no han invitado en ningún momento. No es bienvenido«, expresó tajantemente uno de los representantes presentes en el encuentro regional convocado supuestamente para tratar temas de capacitación normativa.
Tensión durante la ceremonia
La ceremonia se desarrolló en medio de gritos de «que se retire» y «asesino» dirigidos hacia el Defensor del Pueblo, quien intentaba pronunciar las palabras de inauguración del evento en presencia de la vicegobernadora Katherine Franz.
Los manifestantes entonaron el himno nacional y el himno a Puno para silenciar la participación del funcionario, mientras exigían justicia por los caídos del 9 de enero y denunciaban la falta de pronunciamiento sobre la contaminación ambiental.
Pese a los llamados a la calma, las autoridades originarias mantuvieron su posición de rechazo, considerando la presencia del Defensor como un intento de legitimación y populismo ante las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en la región.
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