La región Puno cerró el 2025 con 20 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos y tres continúan en estado latente, consolidándose como la segunda región con mayor conflictividad social del país, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo.
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, explicó que la mayor parte de estos conflictos está vinculada a la minería ilegal, problemas de demarcación territorial y controversias de carácter socioambiental, principalmente en las provincias del norte de la región.
Minería ilegal concentra los casos más complejos
Según la representante de la Defensoría, los escenarios de mayor preocupación se ubican en Carabaya, especialmente en sectores como La Rinconada y Lunar de Oro, donde la minería ilegal ha generado disputas por el control de recursos naturales y, además, mantiene presuntos vínculos con delitos como trata de personas, extorsión y tenencia ilegal de armas.
Como ejemplo reciente, mencionó los enfrentamientos registrados entre pobladores de Coasa y Limbani, hechos asociados a la actividad minera que dejaron varias personas heridas y evidenciaron el nivel de tensión existente en estas zonas.
Defensoría advierte limitaciones para resolver los conflictos
Cáceres Ortega precisó que la Defensoría del Pueblo participa como entidad mediadora mediante la promoción de espacios de diálogo entre las partes involucradas.
Sin embargo, recordó que sus intervenciones no tienen carácter vinculante, por lo que la solución definitiva depende de la actuación de las entidades competentes. Añadió que la limitada presencia del Estado, la escasez de recursos y la reducida capacidad operativa dificultan una atención oportuna de los conflictos.
Defensoría identifica un nuevo tipo de conflictividad en el país
El escenario observado en Puno también forma parte de una tendencia nacional. Según el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo, el país enfrenta el surgimiento de una nueva conflictividad socioambiental vinculada a la minería ilegal.
Actualmente se han identificado seis conflictos de esta naturaleza en regiones como Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Loreto y Madre de Dios, donde comunidades campesinas, pueblos indígenas y organizaciones sociales exigen la protección de sus territorios, recursos hídricos y ecosistemas frente al avance de actividades extractivas ilegales.
Organizaciones ilegales complican la intervención del Estado
La Defensoría alertó que muchas disputas relacionadas con la minería ilegal no llegan a ser registradas oficialmente, por lo que una parte importante del problema permanece fuera del monitoreo institucional.
Asimismo, advirtió que, a diferencia de los conflictos tradicionales entre comunidades y empresas formales, hoy las poblaciones enfrentan a organizaciones dedicadas a la minería ilegal, operadores de plantas de beneficio, transportistas y redes económicas que actúan al margen de la ley.
Esta situación incrementa la complejidad de la intervención estatal, debido a la dificultad para identificar a los actores involucrados y al crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado.
Piden fortalecer la presencia del Estado en zonas críticas
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas con mayor conflictividad, impulsar mecanismos de prevención, evitar el escalamiento de la violencia y garantizar la protección de los derechos de las poblaciones afectadas.
La institución sostuvo que una respuesta oportuna permitirá reducir los riesgos derivados de los conflictos sociales y enfrentar de manera más efectiva el avance de la minería ilegal en distintas regiones del país.
Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo