El dirigente Félix Suasaca Suasaca advirtió que el río Coata enfrentará una catástrofe ambiental total para el año 2026 en Puno. La población ahora se rehúsa a descolmatar el río por miedo a represalias judiciales tras la condena de ocho años a un expresidente comunal por descontaminación.
El expresidente comunal Guillermo Canaza recibió ocho años de prisión efectiva por presunto delito de minería ilegal agravada en el afluente. El Ministerio Público sostuvo que sus operaciones sin permiso dañaron defensas ribereñas durante las labores de limpieza que realizó con apoyo de pobladores organizados de la cuenca.
Sin embargo, Suasaca, expresidente del Frente Unificado de la Cuenca Coata, rechazó categóricamente la versión fiscal presentada ante el juzgado correspondiente indicando que las comunidades solo buscaron la descolmatación y reparación de defensas ribereñas mediante esta acción tomada por acuerdo comunal ante el inminente desborde del afluente contaminado que amenazaba viviendas.
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Autoridades ignoraron pedidos de auxilio
Suasaca relató que se solicitó apoyo a múltiples niveles de gobierno para enfrentar la emergencia ambiental sin obtener respuesta alguna. Pidieron descolmatar el río al Ministerio de Agricultura y Defensa Civil, pero ninguna entidad del Estado atendió las peticiones urgentes de ayuda de la población local afectada.
El río Coata presenta un alto nivel de contaminación peligrosa para la salud pública y el medio ambiente de la región. Las aguas se mezclan con heces de Juliaca y metales pesados provenientes de relaves mineros que sueltan las empresas mineras desde las cabeceras del afluente continuamente.
El dirigente indicó que el fiscal Federico Chavarri Cuneo manejó directamente el caso judicial contra Guillermo Canaza en el proceso penal en donde Suasaca actuó como testigo clave ante el juez y el fiscal provincial, pero lamentablemente no se habrían tomado en cuenta las versiones aportadas por varios testigos de descargo durante las audiencias.
Denuncias archivadas generan impunidad minera
Suasaca ha presentado diez documentos formales contra la contaminación minera que afecta gravemente al río Coata y comunidades aledañas. Estas presentaciones recaen en el despacho del fiscal Federico Chavarri hace seis años, pero la mayoría de estas acusaciones terminan en archivamiento sin justicia para los afectados.
Los pobladores planifican una movilización masiva para defender al señor Canaza y exigir soluciones concretas a las autoridades regionales. La protesta exigirá cambiar las defensas ribereñas a lo largo de cincuenta kilómetros del cauce y demandarán a las mineras dejar de arrojar contaminantes al río inmediatamente.
La condena genera un precedente alarmante que paraliza los esfuerzos ciudadanos por proteger el río Coata de la contaminación creciente. Los habitantes temen enfrentar procesos judiciales similares si intentan limpiar el afluente, mientras la catástrofe ambiental pronosticada para 2026 se acerca sin respuesta estatal efectiva.
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