El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales investiga a cinco policías que causaron la muerte de dos ronderos en enero pasado en la provincia de Carabaya, en medio de la represión policial que sometía a la región Puno tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

El 18 de enero se registró un fuerte estallido en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, donde la población exigía la renuncia de la presidenta. Ese día hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes de ese distrito. El desenlace violento dejó como saldo la comisaría distrital incendiada y dos ronderos fallecidos.

Sonia Aguilar Quispe (35) murió por una bala en la cabeza. Ella era madre de dos niños de tres y seis años de edad; y Salomón Valenzuela Chua (30) falleció el 19 de enero en el hospital de Macusani a causa de un traumatismo toráxico abierto por proyectil de arma de fuego, dejando a cuatro hijos en orfandad.

La Fiscalía amplió las investigaciones preliminares e incorporó a cinco miembros de la Policía como presuntos responsables de las dos muertes. El despacho fiscal, a cargo de la fiscal Nancy Chávez Torres, ha tipificado el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves con subsecuente muerte en agravio de Aguilar y Valenzuela.

Asimismo, se incorporó como investigados al comandante Fredy Arellano Mendoza, comisario de Macusani; al teniente Luisin Roque Zubizarreta y los suboficiales Ángel Linares Zegarra, Guido Hanco Flores y a Luis Alberto Choque Albino. Estos prestaron servicio en dicha comisaría.

Del 14 al 18 agosto se ha establecido el cronograma para que los familiares de los fallecidos y los investigados rindan sus manifestaciones. La Décima Macrorregión Policial (Macrepol) de Puno deberá notificar a los efectivos para que brinden sus declaraciones.

La fiscal ha pedido a la policía que le remita un informe sobre si investiga al personal policial que participó en las protestas en Macusani. También solicitó el resultado de la pericia balística forense, entre otras diligencias.

La Macrepol también deberá entregar el plan de operaciones, las órdenes de operaciones de control de conflictos o asuntos sociales y de operaciones específicas, y ahí deberá detallarse la cadena de mando, informe del jefe operativo, rol de servicios, relación de afectación de armas, entre otros documentos.

Wilmer Quiroz Calli, abogado de los agraviados, dijo que la disposición fiscal fue emitida el 2 de agosto; sin embargo, recién se notificó a la defensa de las víctimas hace tres días.

“Eso para nosotros es muy importante, muy relevante, porque se están cumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide individualizar a los presuntos responsables e identificar la cadena de mando”, dijo.

Asimismo, pidió que el jefe de la X Macrepol también sea incorporado en las investigaciones. El letrado precisó que el equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima se trasladará a Juliaca para recabar el testimonio de los investigados y testigos; y si fuera el caso, viajarán hasta la ciudad de Macusani para cumplir con otras diligencias.

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