Dirigentes y alcaldes de la cuenca del río Ramis han dado un plazo de 72 horas al gobierno regional para que responda sobre la grave contaminación que afecta a miles de familias, exigen una audiencia descentralizada y soluciones inmediatas.
Pedro Callohuanca, presidente del Frente de Defensa Ambiental de la Cuenca Ramis, explicó que el oficio enviado el 20 de mayo solicita la presencia del gobernador regional, el equipo técnico, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Gerencia Regional de Autoridad Ambiental en una reunión urgente.
El gobierno regional hasta ahora no ha respondido a los pedidos de los afectados, los intentos de comunicación con su oficina de relaciones públicas tampoco han tenido resultados, la población se siente ignorada por las autoridades.
La base legal de este pedido se encuentra en el decreto legislativo 1099, que obliga al gobernador regional y al gobierno central a remediar y mitigar la contaminación, además, la ley señala que los distritos afectados deben recibir atención prioritaria.
Distritos como Crucero, Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro y Orurillo sufren el impacto directo de la contaminación, las minas formales, ilegales e informales en zonas como Chaquiminas y Ananea son las principales fuentes del problema.
La contaminación afecta la salud, la vida y la agricultura de las comunidades, los proyectos para remediar la situación no avanzan, la población pide el cambio inmediato del director regional de Energía y Minas por falta de respuestas.
El dirigente indicó que el gobierno regional tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar la actividad minera, sin embargo, esta labor no se cumple adecuadamente, las autoridades conocen la situación, pero no actúan de manera efectiva.
Si el gobierno regional no responde en el plazo dado, los dirigentes y la población evaluarán nuevas acciones el martes, han convocado a una reunión para definir medidas concretas.
La cuenca del Ramis se prepara para iniciar acciones de lucha social, consideran que estas medidas serán radicales y necesarias ante la inacción de las autoridades, la defensa del agua y la vida es la prioridad para los pueblos afectados.
Existe preocupación por el proyecto de la represa Huajchani, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) no ha resuelto el saneamiento del terreno desde 2011, la población exige a sus dirigentes actuar, consideran que solo la lucha traerá resultados.
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