El proyecto de la nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) del gobierno de Keiko Fujimori plantea un mecanismo que permitiría a los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) seguir operando hasta el 30 de junio de 2028. Aunque el registro debe concluir el 31 de diciembre de 2026, el proyecto crea un nuevo régimen que prolongará el proceso de formalización.
La propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) denomina a este mecanismo “Régimen de Consolidación”. Entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y daría a los mineros inscritos un plazo adicional para completar su formalización.
César Ipenza, abogado del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), considera que la medida constituye una ampliación encubierta del Reinfo. “Aunque digan que están cerrando el Reinfo, esa no es la realidad”, advirtió.
El especialista sostiene que el país lleva 23 años intentando formalizar esta actividad sin resolver el problema de fondo. A su juicio, crear otro proceso no garantiza que los mineros cumplan las condiciones necesarias para operar legalmente.
Podrán operar mientras tramitan permisos
El OMI cuestiona que el proyecto permita a los mineros continuar sus actividades mientras tramitan los permisos necesarios. Aunque la propuesta exige que se adecuen a las normas de gestión ambiental, no establece garantías claras para asegurar que las autoridades fiscalicen sus operaciones durante ese periodo.
La organización también advierte que el Gobierno elaboró la propuesta sin escuchar a todos los actores involucrados en la actividad minera.
Otro problema es que el proyecto no precisa cómo se controlará la compra, el almacenamiento y el uso de explosivos, así como permitiría, como advirtieron especialistas a Mongabay, el uso del mercurio. Tampoco detalla los cambios que necesitarán entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para cumplir sus funciones bajo el nuevo régimen.
Estos aspectos quedarán pendientes de un reglamento que el Poder Ejecutivo deberá aprobar en un plazo de 120 días calendario desde la publicación de la ley.
Un nuevo organismo que genera dudas
La propuesta crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), encargado de promover mejores prácticas operativas y laborales, impulsar la innovación tecnológica y contribuir al seguimiento del origen de los minerales.
Sin embargo, el OMI teme que esta entidad termine institucionalizando la minería informal en lugar de ayudar a resolverla.
El gobierno ofrece beneficios económicos a los titulares de concesiones mineras que celebren contratos de explotación por tres años con mineros informales. Entre ellos figuran la condonación de penalidades y la reducción del pago por derecho de vigencia de sus concesiones.
Además, el Minem podrá reservar durante un año determinadas áreas de concesiones extinguidas que coincidan con las zonas declaradas por los mineros del Régimen de Consolidación. Durante ese periodo, solo los mineros comprendidos en ese régimen podrán solicitar esas áreas para continuar sus operaciones.
Plantas pequeñas tendrían controles pendientes
El proyecto establece que las plantas de beneficio que procesen más de 25 toneladas métricas de mineral al día serán fiscalizadas por el OEFA, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Sunafil durante cinco años.
Sin embargo, no precisa cómo se controlará a las plantas de menor capacidad. Varios expertos señalan que esta omisión es importante porque algunas de estas instalaciones pueden participar en el procesamiento y lavado de oro de origen ilegal.
El OMI, por ejemplo, cuestiona que el control de estas plantas dependa de la capacidad que tenga el nuevo FORMAPE, sin que el proyecto establezca reglas claras para garantizar una fiscalización efectiva.
Para el abogado Ipenza, el nuevo régimen no resolverá el problema si permite que continúen operando quienes no cumplen las condiciones para hacerlo legalmente. “Yo no creo que ponerle fin a la minería informal consista en crear un nuevo proceso de formalización porque seguiremos en situación de impunidad”, sostuvo Ipenza. Advirtió que, sin cambios de fondo, la propuesta podría prolongar la informalidad y encubrir actividades ilegales bajo una nueva denominación.
Postura de mineros informales
En tanto, el coordinador nacional de Confemin Perú, Ismael Palomino, se quejó de que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados haya suspendido la exposición de las propuestas de este y otros gremios mineros para un nuevo marco legal. “En nuestra cara nos han dicho los diputados: ‘No queremos escucharlos’, y han sometido a votación suspender la exposición de nuestras propuestas”, dijo.
Palomino insistió en pedir a los diputados una nueva ampliación del Reinfo.