El Cuarto Juzgado de Puno autorizó allanamientos parciales contra la red criminal «Los Mandachitos de la Corrupción» de un total de 23 inmuebles físicos solo se allanaron 6 domicilios específicos y 5 oficinas administrativas, integrada por 15 funcionarios municipales y policiales investigados por anular papeletas M1, M2 y M3 a cambio de coimas, el 20 de marzo de 2026.
La jueza María Candelaria Morales Segura rechazó allanar el domicilio del alcalde Javier Ponce Roque y del regidor Jonathan Cristian Guerra Monzón, argumentando que la fiscalía no presentó indicios concretos que vinculen sus viviendas con evidencia delictiva, según la Resolución N°04.
Sin embargo, la tesis fiscal sostenía que precisamente esos allanamientos permitirían encontrar posibles indicios del dinero recibido, documentos y nexos entre los miembros de la red, pruebas que tras esta decisión de la jueza difícilmente podrán recuperarse.
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La jueza Morales Segura también rechazó allanar los domicilios de cuatro efectivos de la UTSEVI —Eva Mamani Choque, Alan Murillo Laura, María Salazar Linares y Kevin Cuevas Romero— porque la fiscalía no acreditó que guardaran evidencia en sus viviendas, solo en la vía pública donde operaban.
Precisamente en esa vía pública, según el Oficio N°688-2025-MP-DFP-1FPPD-PUNO, los efectivos policiales adulteraban el contenido de las papeletas graves, coordinando con inspectores municipales para reemplazarlas por infracciones menores que permitían liberar vehículos pagando desde S/.72.80, cuando debían abonar hasta S/.8,025.
Esos inspectores municipales que firmaban las actas adulteradas, como «Javier Álvarez Contreras», «Jhonatan Velasquez Mamani» y «Carlos Pari Alco», no existían en la base de datos de RENIEC, revelando una falsificación documental sistemática, según el mismo oficio.
Así, los más de 220 conductores sancionados entre 2023 y 2025 nunca vieron ejecutadas sus multas, pese a infracciones gravísimas como conducir con hasta 2.13 g/l de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite legal permitido en el Perú de 0.5 g/l, incluyendo casos con víctimas fatales y lesiones a menores de edad, según informes policiales.
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