Con ocho votos en contra y cinco a favor, la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), encabezada por el Ministerio de Cultura, rechazó la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto, en la frontera con Brasil. Esta decisión desconoce más de dos décadas de lucha indígena y la presentación de 113 evidencias antropológicas que confirman la presencia de pueblos en aislamiento en la zona, dejándolos ahora expuestos a mayores riesgos.

El 4 de septiembre se realizó la votación en la Comisión Multisectorial, donde los votos en contra provinieron del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Interior (Mininter), el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) y las municipalidades de Maynas, Requena y Ramón Castilla. Mientras, otros sectores clave como el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam) no participaron en la sesión.

Denuncias de injerencia política

La organización Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, cuestionaron la intromisión del congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular), cuya presencia en la sesión, de carácter reservado, fue considerada una presión indebida.

¿Quién es Mori? Se trata del autor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR, que busca modificar la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) para que las reservas indígenas sean sometidas a revisiones periódicas, con la posibilidad de recortarlas o incluso extinguirlas, argumentando supuestos “impactos en el desarrollo regional y nacional”.

“Denunciamos la injerencia política indebida durante la sesión con la presencia del congresista Juan Carlos Celis Mori de la bancada de Acción Popular, promotor de iniciativas anti-PIACI, lo que constituye una clara maniobra de presión y contraviene el carácter reservado de la Comisión”, alertaron las organizaciones en un pronunciamiento publicado hoy 5 de septiembre.

Falta de transparencia y graves irregularidades

Aidesep y las otras organizaciones también denunciaron que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Midagri, presentó un día antes un informe desactualizado sobre concesiones forestales vigentes que supuestamente se superponen al área solicitada para la reserva, pese a que estas ya habían sido anuladas por el Poder Judicial o estaban en proceso de reubicación.

“Cabe precisar que estas concesiones fueron otorgadas de manera ilegal ya que la Ley Forestal y su Reglamento prohíben otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados como reservas indígenas”, señaló la organización.

Una contradicción del Estado y riesgos

La noticia de este rechazo a la reserva resulta aún más contradictorio si consideramos que hace siete años, en 2018, fue el propio Estado quien reconoció formalmente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro en Yavarí Mirim.

Al desaprobarse el Estudio de Categorización, no se delimita ni protege su territorio.

“Se evidencia una grave irregularidad porque se ha reconocido la existencia de pueblos aislados en una zona, pero se incumple con delimitar y proteger su territorio, incrementando los riesgos a su vida, integridad y subsistencia”, remarcaron.

Desde la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) también se pronunciaron al respecto. “El derecho a la vida de los pueblos en aislamiento no se negocia”, declaró la organización, que exigió al Estado garantizar procesos transparentes, libres de presiones políticas y con respeto a los compromisos asumidos.

La falta de protección incrementa la vulnerabilidad de los PIACI ante el avance descontrolado de economías ilegales como la tala, el narcotráfico y el crimen organizado. La categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim representaba un paso clave para garantizar su resguardo.

Una lucha demandada desde 2003

La creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es una demanda que ORPIO y Aidesep sostienen desde 2003. Sin embargo, los plazos legales establecidos en la Ley PIACI fueron incumplidos de manera reiterada, dejando durante dos décadas a los pueblos en aislamiento en total desprotección frente a amenazas como la deforestación, las economías ilegales y las presiones extractivas.

Como mencionamos al inicio, el pedido se sustenta en 113 nuevas evidencias antropológicas, las cuales fueron recogidas en el Estudio Adicional de Categorización presentado en 2024. Dicho informe documenta hallazgos como malocas, chacras, cerámicas, utensilios, fogatas, arcos y flechas, además de avistamientos y testimonios de contacto, que confirman de manera fehaciente la existencia de estos pueblos.

La delimitación planteada abarcaba 1’177,549 hectáreas y beneficiaría también a las comunidades colindantes, a través de la instalación de puestos de vigilancia, acceso a servicios básicos y mayor seguridad territorial. Un ejemplo de ello es la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, donde ya funcionan cuatro puestos de control y vigilancia gestionados con participación activa de comuneros locales, contratados como agentes de protección.

El rechazo a la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es visto como un grave retroceso en la protección de los pueblos más vulnerables de la Amazonía, pese a que el proceso ya contaba con respaldo técnico, jurídico y judicial. Esta decisión, lejos de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales, expone aún más a los PIACI y muestra el accionar del Estado frente a los múltiples compromisos internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos y protección indígena.

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