⁠En nombre de esas fuentes de agua antes hubo marchas y resistencia comunitaria, pero hoy están bajo la amenaza de la minería informal e ilegal, que avanza con la complicidad de autoridades y el silencio del Estado.

Ríos y lagos de Perú son contaminados por mineros ilegales y territorios donde antes hubo marchas y protestas para cuidar las fuentes de agua hoy están bajo amenaza o bajo el control de las actividades mineras informales e ilegales.

En Tambogrande, región Piura, y en Cajamarca y Celendín, región Cajamarca, las poblaciones se levantaron hace no mucho a favor de las lagunas, ríos y manantiales. Sin embargo, allí ahora se ha impuesto la minería que, bajo la denominación de “en proceso de formalización”, opera sin controles.

Esas operaciones mineras contaminan fuentes de agua destinadas al consumo humano y la ganadería, así como degradan suelos agrícolas. Ese avance no se explica únicamente por su carácter informal o ilegal. Responde a la falta de liderazgo de autoridades nacionales para enfrentarla y a que instituciones estatales incapaces de frenar la expansión de esta minería y garanticen alternativas de desarrollo en comunidades.

Pero no solo prospera por ausencia del Estado, sino también por complicidad de autoridades locales y actores políticos que permiten sus operaciones. Basta ver al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso que legislan a favor de estas organizaciones.

Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % considera que los congresistas respaldan a estos mineros porque reciben financiamiento o buscan capital electoral. Ese vacío de autoridad y complicidad deja campo libre para economías ilegales que, poco a poco, tienen más poder económico e influencia política en regiones.