El escenario electoral en el Perú vuelve a encender las alarmas sobre una de sus problemáticas históricas más arraigadas. En un reciente programa de la Red de Medios Regionales del Perú, comunicadores de diversas regiones y especialistas analizaron cómo los discursos de odio y la discriminación afloran con particular agresividad durante las elecciones. Los analistas coinciden en que este fenómeno no responde a una normalización exitosa, sino a una reacción desesperada de ciertos sectores de la opinión pública frente a las transformaciones del país. El detonante del debate fue una serie de ataques digitales dirigidos a Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia por la agrupación Juntos por el Perú.

Para el sociólogo e historiador Guillermo Nugent Herrera, este tipo de agresiones verbales configuran una ideología de retirada. El especialista sostiene que el racismo se activa cuando un grupo social dominante siente que la nación imaginada del pasado ya no guarda relación con la realidad. Al perder espacios de control, los discursos agresivos brotan como un mecanismo de defensa nacido del resentimiento y de la derrota de un antiguo orden oligárquico. Lejos de ser una estrategia ganadora o normalizada, la descalificación explícita muestra que el argumento clásico del miedo ha perdido la efectividad de épocas anteriores.

Por su parte, el catedrático Nelson Pereira Chávez resalta que detrás del insulto existe una abierta negación de la actoría política de las poblaciones indígenas y campesinas. Según el historiador, el país presenció dinámicas similares durante los comicios del año 2021. El deseo de restar legitimidad a las decisiones colectivas del interior recurre a un racismo decimonónico que busca invisibilizar la capacidad de organización ciudadana. Los analistas descartan que posturas ideológicas como el anticomunismo o el nacionalismo otorguen licencias para vulnerar el respeto ciudadano, recordando que dichas etiquetas suelen evocar periodos dictatoriales en la región.

Estigmas territoriales y las demandas de la ciudadanía del sur peruano

La evolución de estas conductas discriminatorias muestra el surgimiento de lo que Nugent califica como un estigma territorial. La descalificación ya no se limita a los rasgos físicos, sino que penaliza la procedencia de los votantes, encasillando a regiones enteras del sur andino bajo calificativos peyorativos. Paralelamente, Pereira advierte que el fenómeno del «terruqueo» experimentó variaciones. Aunque no se presenta con la misma literalidad que en procesos pasados, ahora muta hacia advertencias alarmistas sobre la liberación de reclusos o el retorno simbólico a las lógicas de la Guerra Fría.

El mapa electoral de la segunda vuelta ilustró nítidamente las fracturas sociales de la nación. La región de Puno concentró un 82% de votos válidos para la fórmula de Roberto Sánchez, mientras que territorios como Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica superaron el 70% de respaldo a la misma opción. En contraste, Lima Metropolitana exhibió un comportamiento opuesto, otorgando un 66% de apoyo masivo a Fuerza Popular en la totalidad de sus distritos. Los periodistas del panel aclararon que el voto del sur no nace de un lamento por la pobreza, sino de una firme conciencia política que exige derechos fundamentales y reconocimiento ciudadano frente al desdén centralista.

Esta marcada división geográfica evidencia un profundo desfase político y centralista en la distribución de poder y servicios estatales. Mientras la tecnología y la vida diaria permiten una comunicación horizontal entre las regiones, las estructuras del poder político permanecen estancadas en Lima. Los especialistas concluyen que el voto rural e interior del país actúa como un fuerte reclamo de representatividad frente a los abusos institucionales. Lejos de normalizarse, el uso del racismo en campaña delata la incapacidad de las élites tradicionales para asimilar una ciudadanía peruana que sigue expandiéndose de forma irreversible.