En primera instancia, el Poder Judicial sentenció a tres trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” y a un supuesto proveedor a penas privativas de la libertad y el pago de reparación civil por los delitos de negociación incompatible y colusión agravada.

El caso se remonta a mayo de 2017, cuando hasta seis trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho se vieron involucrados en una ficticia reparación y mantenimiento de las lavadora y secadora industrial para ropa, con que contaba la institución en la avenida Independencia.

Los funcionarios del Hospital Regional de Ayacucho pagaron 30 mil soles a una supuesta empresa por la reparación de estas maquinarias luego de los trámites administrativos correspondientes. Pero el jefe del Servicio de Lavandería denunció que jamás se había reparado dichas máquinas y permanecían con las averías de siempre, mientras utilizaban las otras maquinarias con que contaba el hospital para cumplir con sus labores.

Entonces se desató un nuevo escándalo, trayendo a memoria otras denuncias anteriores pero que no se concretaron penalmente, sobre reparaciones ficticias de diversos equipos biomédicos como incubadoras, aparatos de Rayos X, entre otros.

En este caso, la empresa Siler Logística y Tecnología E.I.R.L., representada por Raúl Siler Contreras Sánchez no cumplió con la reparación y mantenimiento de la lavadora de marca Poensgen y secadora de marca Cisell, por presentar fallas técnicas solicitada por Teodosio Munaylla Vega, entonces jefe del servicio de lavandería; y por el contrario supuestamente realizó el trabajo con la lavadora de marca Ferrostal y la secadora de marca Maxidri, distintas a la solicitada por el usuario.

En tiempo récord, el entonces jefe de Logística Walter Vásquez Córdova, la jefa de Adquisiciones Sonia Barrientos Flores, y el jefe de servicios generales y mantenimiento del Hospital Regional de Ayacucho, Juan Carlos Campos Fernández, ejecutaron los trámites para pagarle al supuesto proveedor.

Descubierta la farsa y luego de los informes del Órgano de Control Institucional (OCI), la dirección del Hospital solo sancionó increíblemente con apenas 15 y 08 días de suspensión sin goce de haberes a los involucrados, pese a descubrirse el evidente caso de corrupción con las cotizaciones fraguadas, las actas de conformidad con firma falsificada, y el servicio no prestado.

Ahora, la sentencia del Poder Judicial que forma parte del Expediente N° 1626-2018-83-0501-JR-PE-04 impone a Walter Vásquez Córdova y Sonia Barrientos Flores cuatro años y ocho meses de prisión efectiva; a Juan Carlos Campos Fernández once años y nueve meses de prisión efectiva; y, a Raúl Siler Contreras Sánchez siete años de prisión efectiva.

En tanto, quedó absuelto Teodosio Munaylla Vega de la acusación fiscal por el delito de colusión agravada.

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