En el año 2021, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) realizó un estudio que reveló que el 83% de los entrevistados consideraba que la migración venezolana contribuye al incremento de la inseguridad.

Si bien esta percepción no ha cambiado desde entonces, las cifras reales sobre la incidencia de los venezolanos en la criminalidad son mucho menos escandalosas. 

El 2 de agosto, la OIM publicó el estudio “Migración e incidencia delictiva en Perú”, el cual aborda la verdadera relación entre la delincuencia y la migración. 

Esta investigación examina la posible relación entre la migración venezolana y la incidencia delictiva en el país, basándose en datos estadísticos y administrativos públicos.

Cifras reales

El informe revela que solo el 0.15% de la población venezolana en Perú fue denunciada por algún delito, comparado con el 1.5% de la población peruana. 

En el sistema penitenciario, el 4.8% de los internos son migrantes de diversas nacionalidades, mientras que el 3.4% son venezolanos, representando solo el 1.9% de la comunidad venezolana en Perú. 

En 2022, solo 23 de cada 100 000 venezolanos fueron denunciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en comparación con 132 de cada 100 000 peruanos. 

Para agosto de 2023, 6 de cada 100 000 venezolanos estaban recluidos por homicidio simple y calificado, frente a 12 de cada 100 000 peruanos. Asimismo, 98 de cada 100 000 venezolanos fueron denunciados en abril de 2023, mientras que 412 de cada 100 000 peruanos enfrentaron denuncias similares.

En el sistema penitenciario, 95 de cada 100 000 venezolanos estaban internos por robo y hurto, en comparación con 87 de cada 100 000 peruanos. 

Además, 18 de cada 100 000 ciudadanos venezolanos fueron denunciados por delitos contra la libertad, incluidos los casos de violación sexual, mientras que 111 de cada 100 000 peruanos enfrentaron acusaciones similares.

Mejoras futuras

El estudio sugiere una mejora en la calidad de los datos, recomendando la inclusión de variables como nacionalidad, departamento, género y edad en los registros. 

Además, se debe reconocer que la población migrante venezolana puede ser tanto perpetradora como víctima de delitos. El informe precisa la necesidad de investigar el impacto de la inseguridad en los migrantes, quienes enfrentan mayores riesgos y dificultades para acceder a protección y justicia. 

Estas investigaciones permitirán tomar decisiones basadas en evidencia y desarrollar estrategias focalizadas para prevenir y controlar el delito, además de fortalecer la seguridad ciudadana.

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