A cinco días del reinicio de la movilización ciudadana denominada «Tercera toma de Lima«, que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y del actual Congreso de la República, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió a la operación policial «Control Verde 2023«, presentado por el Ministerio del Interior a inicios de julio y que por el cual se realiza un control en los puntos de ingreso terrestre a Lima.

En una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, Gutiérrez indicó que las acciones de la Policía Nacional «demanda protocolos dentro del marco convencional de derechos y de acuerdo a su ley orgánica». En ese sentido, manifestó que «el control para verificar si las personas portan armas o no, se da en constantes operativos y en todo momento».

Sin embargo, precisó que si bien la Policía tiene la facultad de solicitar y requerir información sobre la identidad de quienes ingresen a la capital, debe garantizarse que no se maltrate o vulneren los derechos, entre ellos, el libre tránsito, de los manifestantes que están viajando desde otras provincias. Al respecto, agregó que el personal de la Defensoría del Pueblo estará en cada uno de los puntos de control de ingreso para asegurar que no se cometan abusos.

«Esa es una garantía que debemos cuidar. Por eso el desplazamiento de nuestras unidades móviles van a desplegarse a estos lugares y estarán listos para cumplir sus funciones. Nosotros, además, ya hemos solicitado la intervención del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de prevención del delito, y sobre todo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a efectos de establecer mecanismos mínimos en protección de los ciudadanos», anotó Gutiérrez.

El defensor del Pueblo resaltó la importancia que tiene el organismo que dirige en informar a la ciudadanía acerca de «cuáles son sus derechos y hasta donde llega la función de carácter policial y las intervenciones que las fuerzas del orden son ordenadas a realizar”, en particular, en un contexto de crisis política y social.

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