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Trabajadores denuncian que despidos arbitrarios en TGP afectan derechos laborales

Fecha de publicación

Trabajadores afiliados al Sindicato Unitario de la Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP) denuncian que los 14 despidos arbitrarios realizados por TGP en diciembre de 2023 exponen la precariedad laboral y la fragilidad sindical en el país. Transportadora de Gas del Perú (TGP) argumentó que la decisión se basó en la figura del “retiro de confianza”. Sin embargo, especialistas cuestionan la legalidad de esta medida.

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Despidos arbitrarios en TGP generan controversia

Según informó el sindicato, el 2 de noviembre de 2023, trabajadores de TGP formaron el SUTRATGP para exigir mejores condiciones laborales. Nueve días después de que el Ministerio de Trabajo lo reconociera, la empresa despidió a 20 empleados, 14 de ellos sindicalizados.

Entre los afectados se encuentra Vladimir Salhuana, secretario general del sindicato, quien acumulaba 11 años en la empresa. Según Salhuana, la decisión buscó frenar cualquier intento de negociación colectiva.

El abogado Christian Sánchez denunció que los despidos ocurrieron como represalia y se realizaron de manera irregular. Algunos trabajadores fueron cesados mientras estaban de vacaciones, a pesar de que la ley protege estos periodos. Además, todos los afectados contaban con fuero sindical vigente hasta el 14 de febrero de 2024.

Los trabajadores denunciaron la situación ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La entidad sancionó a TGP con una multa de S/ 190,148.25 en Ayacucho por obstruir inspecciones y con S/ 27,089.00 en Cusco por negarse a entregar documentos clave.

TGP y la figura del “retiro de confianza”

La empresa justificó los despidos con el argumento del “retiro de confianza”, permitido por el Decreto Legislativo N° 728. No obstante, el Decreto Supremo N° 001-96-TR exige una notificación formal de esta condición, documento que los despedidos nunca recibieron en más de una década de trabajo.

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Salhuana recordó que él y otros afectados participaron durante años en elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), algo prohibido para el personal de confianza según la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR. Sánchez, por su parte, sostiene que TGP reclasificó a los trabajadores para evitar la consolidación del sindicato.

Después de más de un año de espera, el Poder Judicial ha programado audiencias para evaluar los despidos. El caso podría sentar un precedente en la lucha sindical dentro del sector privado en Perú.

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