Tres candidatos al Gobierno Regional de Junín se mostraron de acuerdo con el aborto en casos de violación sexual, mientras uno expresó una posición contraria, tras un encuentro con organizaciones de mujeres.
Dimas Aliaga, candidato de Renovación Popular, Arnoldo Mallma (Alianza para el Progreso) y José Miguel Álvarez (Acción Popular), coincidieron en que una niña o mujer menor de edad víctima de una violación no debería ser obligada a continuar con un embarazo producto de ese delito.
En cambio, Juan Mael Palomino, de Juntos por el Perú (JP), se mostró en contra, incluso para casos de violación.
Orihuela y otros tres, ausentes
De los ocho candidatos que actualmente compiten por la Gobernación Regional de Junín, Fernando Orihuela (AP), Adolfo Rojas (Frepap) y Julia Camavilca (Fuerza Popular) no participaron del encuentro y, por tanto, no fijaron su posición sobre el aborto en casos de violación sexual.
En el caso de César Merea, candidato de Batalla Perú, su fórmula estuvo representada por la candidata a vicegobernadora Karen Hualpa Tito. Ella participó del encuentro, pero se retiró rápidamente.
Dimas Aliaga sostuvo que el aborto debería permitirse cuando el embarazo sea consecuencia de una violación. “Nadie puede estar de acuerdo con el aborto salvo cuando sean actos de violación”, afirmó. Añadió que no se puede obligar a una niña a continuar un embarazo producto de una agresión sexual y rechazó que el abuso contra menores pueda justificarse como una expresión cultural.
Arnoldo Mallma también marcó esa excepción. “En caso de una violencia sexual, yo sí estaría de acuerdo con el aborto”, respondió, aunque evitó extender su posición a otros supuestos. Sobre las comunidades indígenas, sostuvo que una violación contra una menor no puede considerarse una costumbre cultural.
José Miguel Álvarez fue igualmente explícito: “El aborto sí en caso de violación sexual”. Cuando la pregunta se trasladó a menores de edad, mantuvo su posición y dijo que una niña víctima de una violación no debería ser obligada a llevar adelante el embarazo.
Los tres reconocieron que el Gobierno Regional no puede modificar por sí mismo las normas sobre el aborto. Aliaga y Mallma plantearon impulsar una iniciativa desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, mientras Álvarez propuso trabajar con los legisladores para promover un cambio legal.
JP en contra
Juan Mael Palomino, en cambio, tomó una posición distinta. Dijo que Juntos por el Perú está a favor de la vida y rechazó el aborto incluso cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual. Su propuesta fue que el Gobierno Regional habilite una casa hogar y brinde apoyo a las niñas y sus familias para afrontar estos casos.
En educación sexual integral hubo coincidencia: los cuatro respaldaron su retorno y consideraron que el Gobierno Regional puede incorporarla en su política educativa. Mallma planteó además recuperar la educación religiosa y la formación en principios y valores.
Una agenda construida por organizaciones de mujeres
Las preguntas se formularon después de la presentación de una agenda regional de las mujeres de Junín, construida en un proceso que involucró a organizaciones de mujeres rurales, campesinas e indígenas de distintas provincias. El documento recoge demandas y plantea compromisos para el periodo regional 2027-2030.
La agenda está organizada en siete ejes: autonomía económica y oportunidades; comunidades libres de violencia e interculturalidad; participación política y liderazgo; salud y bienestar intercultural, incluidos los derechos sexuales y reproductivos; territorio, agua y cambio climático; cuidados y corresponsabilidad; y conocimientos ancestrales, cultura y biodiversidad.
Entre las demandas figuran mejorar la atención de salud sexual y reproductiva en las zonas rurales, garantizar servicios con pertinencia cultural y lingüística, fortalecer la atención materna, prevenir el cáncer y mejorar el acceso de las mujeres a servicios de salud. También plantea medidas contra la violencia, participación de las mujeres en las decisiones públicas y programas de autonomía económica.
Las organizaciones entregaron además una petición respaldada por más de 250 firmas y plantearon que el próximo Gobierno Regional incorpore sus propuestas en la planificación y el presupuesto, con mecanismos de participación y seguimiento.
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