El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, entró a otra controversia legal al sumar una nueva querella por difamación agravada. La Primera Sala Penal de Apelaciones admitió a trámite la denuncia presentada por el primer regidor Mario Reyna.

La querella inicialmente fue desestimada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, pero el regidor Reyna apeló esta decisión. A Fernández se le acusa de difamar a Reyna a través de Facebook, calificándolo de «traidor» y «delincuente».

Las ofensas ocurrieron los días 22, 24, 25, 27 y 29 de marzo, así como el 3 de abril. Fue el mismo regidor Mario Reyna quien señaló los comentarios difamatorios. El juzgado inicialmente no consideró los comentarios como una difamación evidente. Sin embargo, el regidor Reyna apeló la decisión y el 6 de noviembre la Sala Superior resolvió.

A través de la resolución N° 11 del expediente 02918-2023-0-1601-JR-PE-08, el caso fue derivado a otro juzgado para nuevas diligencias. La resolución señala que las expresiones de Fernández en redes sociales fueron «patentemente ofensivas», afectando el honor y reputación de Mario Reyna. La difamación agravada, según el documento, se consuma al perjudicar la imagen del querellante mediante un medio de comunicación social.

Este nuevo desarrollo legal pone a Arturo Fernández en una situación comprometedora, enfrentando consecuencias por presuntas difamaciones. El proceso seguirá en otro juzgado, donde se iniciarán las diligencias correspondientes. La fecha de inicio de estas acciones será determinada por las autoridades judiciales.

Arturo Fernández: Un difamador en la alcaldía

Esta querella se suma a las interpuestas, también por el delito de difamación, por el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, y el exdirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

El alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ya ha sido condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada contra la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Nataly Rojas.

El 20 de junio pasado, el Poder Judicial de La Libertad confirmó esta sentencia e impuso al alcalde de Trujillo un año de pena privativa de la libertad suspendida, reglas de conducta como no variar de domicilio y acudir cada 30 días a la sede del Poder Judicial, y el pago de 25 mil soles de reparación civil en favor de la policía agraviada.

Por esta sentencia confirmada, el Consejo Provincial aprobó suspender al alcalde, tal y como lo dispone la Ley de Municipalidades. Actualmente, la decisión de su suspensión está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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