La Contraloría General de la República acaba de emitir un duro informe sobre el proyecto de mejoramiento del hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa. El documento, que lleva el número 050-2026-CG/GRAR, revela al menos 17 irregularidades técnicas, legales y financieras que frenan la ejecución de una inversión que supera los 46 millones de soles.

El proyecto, que lleva el código 2487921, busca equipar el área de diagnóstico por imágenes del nosocomio arequipeño con 193 equipos. Sin embargo, la entidad de control encontró que el diseño estructural presenta una irregularidad por «esquinas entrantes» que supera el 42% cuando la norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones solo permite un 20%. En palabras simples, el edificio no estaría preparado para soportar un sismo en una ciudad como Arequipa, donde los movimientos telúricos son frecuentes.

El blindaje contra radiaciones que no existe

Otro de los hallazgos que preocupa es la ausencia de protección radiológica. Los equipos de resonancia magnética y tomografía requieren barreras físicas de plomo o baritina para evitar que la radiación afecte a pacientes y personal. Sin embargo, las cotizaciones presentadas solo incluyen el costo de los equipos, su instalación y capacitación, pero no mencionan ningún blindaje. Tampoco existen planos ni especificaciones técnicas que detallen cómo se protegerán los ambientes.

El informe señala que esta omisión podría generar sobrecostos y retrasos en la ejecución del proyecto, además de poner en riesgo la salud de quienes trabajen o reciban atención en esas áreas.

El terreno con deudas y el comité sin técnicos

La documentación también evidenció problemas con el terreno donde se construirá el proyecto. La partida registral N° 11419882 del Hospital Honorio Delgado muestra cargas vigentes por conexiones de agua, desagüe y electricidad que no han sido levantadas. La Contraloría recomienda a las autoridades arequipeñas garantizar que el área esté libre de interferencias antes de iniciar cualquier obra.

Pero quizás uno de los aspectos más llamativos es la conformación del Comité Especial que conducirá el proceso de selección. Los tres miembros titulares designados por el Gobierno Regional de Arequipa no cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Sus perfiles son de administración hospitalaria, medicina y economía, pero ninguno tiene experiencia en infraestructura civil, instalaciones eléctricas o equipamiento biomédico, áreas clave para evaluar las propuestas de los postores.

Las cifras que no cuadran en proyecto de Arequipa

En el aspecto financiero, las inconsistencias son igualmente preocupantes. El cronograma de operaciones presentado por la entidad no incluye otros dos proyectos que también están en trámite ante la Contraloría (CUI 2570960 y 2595412). Esta omisión impide verificar si el Gobierno Regional de Arequipa tiene capacidad real para asumir nuevos compromisos sin superar el tope máximo de endeudamiento.

Además, el flujo de caja proyectado para el año 2026 no guarda consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los ingresos declarados son menores a los registrados oficialmente, y la partida para el servicio de la deuda pública aparece en cero, cuando en realidad asciende a 15.7 millones de soles.

Las autoridades regionales programaron el desembolso de los costos de selección para junio de 2026, pero el calendario del proceso prevé recién la convocatoria para el 15 de julio. Esta descoordinación podría generar que los recursos no estén disponibles cuando realmente se necesiten.

Recomendaciones

La Contraloría ha sido enfática en señalar que este informe previo no constituye una autorización ni una aprobación del proyecto. Es un documento técnico que recomienda a las autoridades de Arequipa corregir todas estas deficiencias antes de convocar el proceso de selección.

El Gobierno Regional de Arequipa tiene ahora la responsabilidad de subsanar las observaciones y remitir los resultados al Órgano de Control Institucional. De no hacerlo, el proyecto podría enfrentar serios riesgos de invalidez legal, sobrecostos y, lo más grave, poner en peligro la seguridad de los pacientes y trabajadores del hospital Honorio Delgado.

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