En el límite entre el distrito de Pichari, en la región Cusco, y el distrito de Río Tambo, en Junín, se ubica la comunidad asháninka Catungo Quempiri. En este lugar existe una fuerte presencia del narcotráfico, tala ilegal e invasión de tierras, tres actividades ilícitas que representan un alto peligro para los ciudadanos que habitan en esta parte del país.

Desde 2019, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del río Ene, viene trabajando para garantizar la protección de todos los miembros de esta comunidad nativa, la cual solicita con urgencia al gobierno poner en marcha la georreferenciación de su territorio.

Esto con el objetivo de reafirmar su seguridad jurídica para que los grupos ilegales que están realizando invasiones a sus tierras ancestrales tengan pleno conocimiento de que su accionar constituye un delito.

La comunidad nativa cuenta con un título de propiedad, inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), pero sus tierras permanecen vulnerables.

Al respecto, la abogada de CARE, Irupé Cañari; el presidente de la organización indígena, Ángel Pedro Valerio; y la jefa de la comunidad Catungo Quempiri, Clementina Shinquireri Quispe, conversaron con Inforegión. 

“Catungo Quempiri tiene serios problemas en cuanto a invasiones de colonos cocaleros dentro de su territorio y la mayoría de ellos son migrantes. Hay una deforestación masiva del bosque para realizar el cultivo ilícito de hoja de coca e, incluso, se ha encontrado ya pozos de maceración en la zona”, advierte Cañari. 

La abogada de CARE recordó que, desde hace varios años, la jefa de la comunidad asháninka, Clementina Shinquireri Quispe, se encuentra amenazada de muerte por los grupos ilegales dedicados a estas actividades. La lideresa indígena, en octubre de 2021, solicitó protección al Estado por medio del Mecanismo Intersectorial, que brinda el Ministerio de Justicia para asegurar la vida de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, Shinquireri no ha tenido acceso a ninguna de las medidas preventivas hasta el momento.

“La jefa en la actualidad está siendo amenazada y hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que pueda estar inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo. Ya hemos interpuesto muchas veces diversas denuncias ante el FEMA [La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA]”, indica la abogada.

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